Hacienda duda que las regularizaciones de 5,2 M€ del rey emérito «sean legales»
Los técnicos de la Agencia Tributaria creen que serían nulas si fue informado por el fiscal
Retiran un cuadro del emérito. J. D.
Los inspectores de Hacienda ponen en duda la legalidad de las dos regularizaciones fiscales del rey Juan Carlos I. Si la defensa del exjefe de Estado fue informada por la Fiscalía del Tribunal Supremo de la existencia de investigaciones con posibles «implicaciones penales», las regularizaciones habrían perdido el carácter «espontáneo» que exige la ley para que sean válidas, según el análisis del presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado.
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, notificó al rey emérito en junio, noviembre y diciembre de 2020 la apertura de las tres investigaciones que llevaba a cabo para invitarle a personarse en las diligencias. No lo hizo.
Lo que sí hizo fue presentar ante la Agencia Tributaria dos regularizaciones para evitar un delito fiscal. En la primera, en diciembre pasado, pagó 678.393 euros y en la segunda, en febrero, casi 4,4 millones, por impago de impuestos, intereses y recargos entre 2016, 2017 y 2018.
El primer desembolso correspondía al uso de tarjetas opacas para gastos privados financiadas por su amigo Allen Sanginés-Kraus. El segundo pretendía cubrir los ingresos no declarados por viajes privados abonados por la fundación Zagatka de su primo Alvaro de Orleans. Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.
La ley exige que la regularización para eximir de un delito fiscal debe ser «completa, espontánea y voluntaria». La Agencia Tributaria, a pesar de los meses transcurrido, aún no ha resuelto si las dos que desembolsó el emérito se ciñeron a los criterios legales.
Pero a tenor de la información divulgada no parece que el requisito de espontaneidad se cumpliera dado que estaba informado de los pasos de la Fiscalía. El presidente de Ghesta así lo cree. Cruzado considera que la regularización podría no ser válida porque no cumple el requisito de la «espontaneidad» que exige la ley ya que el rey Juan Carlos recibió la notificación de que las investigaciones apuntaban a posible «implicación penal» aunque no entrara en detalles.
El Gobierno guardó silencio ante las informaciones mientras que sus socios de Unidas Podemos consideraron «gravísimo» que el exjefe del Estado intente burlar la ley con una argucia y piden llegar al fondo de la cuestión y que se juzgue.