PSOE y Podemos llevan al límite la negociación de los PGE por la ley de la vivienda
El compromiso de Pedro Sánchez era que, tras cuatro años en los que no fue posible, el Consejo de Ministros aprobaría los Presupuestos Generales para 2022 «en tiempo y forma». El jefe del Ejecutivo decidió jugar con cierta holgura; aunque la Constitución dice que el proyecto debe remitirse al Congreso «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior», él fijó la horquilla entre finales de septiembre y principios de octubre. Y ese plazo obligó este lunes a su equipo a forzar una negociación contrarreloj con sus socios.
El PSOE y Unidas Podemos ya habían limado en las últimas semanas asperezas en torno a asuntos como la subida del Salario Mínimo Profesional para este año, finalmente aceptada por los socialistas, o la fijación de un tipo mínimo de Sociedades del 15% para las grandes empresas, una propuesta que tanto la vicepresidenta Nadia Calviño como el propio Sánchez abrazaron ya la semana pasada. Pero las diferencias en torno a la ley de vivienda aún se les atragantaba en vísperas del Consejo de Ministros de este martes.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, mantuvieron una reunión ayer para tratar de poner fin a un desencuentro que dura ya más de un año y que tiene su principal escollo en el deseo del socio minoritario de imponer topes a la subidas de los precios del alquiler y la negativa de los socialistas a hacer un movimiento que creen puede perjudicar a las clases medias que complementan su sueldo con rentas de esa naturaleza.
Ambas partes creen que será posible llegar un acuerdo pero, mientras el PSOE mostró su deseo de alcanzarlo en menos de 24 horas, UP rebajó durante todo el día las urgencias del PSOE.