El PSOE respalda a Podemos para que Rodríguez conserve su escaño
El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, conservará su escaño en el Congreso después de que la Mesa de la Cámara, donde los socios de Gobierno cuentan con mayoría, diera por cumplida ayer la sentencia del Tribunal Supremo por la presunta agresión a un policía ocurrida en 2014. Una decisión contra la que se han rebelado el PP, Vox y Ciudadanos, que han iniciado varios procedimientos ante la Junta Electoral Central (JEC) y ante el Alto Tribunal y la Fiscalía.
El exsecretario de Organización de Podemos fue condenado el 7 de octubre a 45 días de prisión y a una pena accesoria de inhabilitación especial por atentado contra la autoridad. La sustitución de esta pena de cárcel por una multa de 540 euros, que el dirigente morado abonó poco después, es lo que llevó ayer a los servicios jurídicos del Congreso a aseverar que la citada sentencia no debe tener efectos extra penales.
En su informe, en el que el PSOE y Unidas Podemos se han apoyado para justificar su decisión, los letrados de la Cámara argumentan que no puede aplicarse la llamada «causa de incompatibilidad sobrevenida» recogida en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) porque, tras su reforma de 2015, «la sustitución no es ya una forma de ejecución de la pena sino de aplicación de la misma, de manera que vendría a transformar a la pena principal desde su origen».
PP, Vox y Ciudadanos discrepan de esta interpretación y reclamarán ante la JEC por entender que es este el máximo intérprete de la Loreg y que su criterio, en consecuencia, debe de tenerse en cuenta. Las tres formaciones dirigirán además un escrito a la Fiscalía General del Estado para que solicite el incidente de aclaración de sentencia al Alto Tribunal, con el objetivo de dar marcha atrás en la decisión. «Es un despropósito», lamentó la portavoz de los populares en la Cámara baja, Cuca Gamarra.
Los conservadores insisten en que la ley electoral es clara y cualquier pena privativa de libertad implica la pérdida inmediata del acta de diputado.
«La inhabilitación no puede quedar en manos de una Mesa y de las mayorías parlamentarias», criticó Gamarra, recordando que se trata de una decisión jurídica y no política.