El Gobierno acelera su plan para pagar en todas las autovías y cumplir con Europa

Es uno de los grandes compromisos adquiridos ante la Comisión Europea para recibir los fondos de recuperación y, por lo que apunta el Gobierno, no hay marcha atrás, como sí ha ocurrido en otras ocasiones con diferentes Ejecutivos. Ayer mismo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunciaba que presentarán «en unos meses» su propuesta para implementar peajes en las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado a partir del año 2024.

Sánchez avanzó que ya se están realizando diferentes estudios y análisis para determinar qué sistema se implementará, aunque matizó que será una tarificación «justa, rigurosa y sostenible». El objetivo de esta medida, que ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos extra para los millonarios gastos de conservación de las carreteras. Se trata de una partida que se come unos 9.000 millones de euros de las cuentas públicas.

Fue el antecesor de la ministra Sánchez, el extitular de Transportes José Luis Abalos, quien puso esta medida encima de la mesa. Más bien, este debate, que ahora está más cerca de materializarse. Se tratará de un sistema «que se someterá al debate y al análisis de los agentes sociales, económicos y del sector del transporte».

La ministra enfatizó que el sistema resultante buscará que no se generen agravios territoriales, algo que ahora pasa debido a que hay regiones con peajes y otras sin ellos e incluso algunos más caros que otros. «Buscaremos el consenso político para establecer un sistema que esté a la altura y para el cual ya se está analizando la mejor opción», concluyó Sánchez, asegurando que el resultado se presentará de aquí a unos meses.

La número dos de Transportes, Isabel Pardo de Vera, dio un paso más allá al indicar que es «imperativo» el pago de una tasa por el uso en las autovías. La Secretaria de Estado de a secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, instaba a «no aplazarlo más», en un foro en Pontevedra.

Pardo de Vera defiende que ese «pago por uso» ofrecerá una solución al «creciente déficit» en materia de conservación de carreteras permitiendo obtener así una fuente de ingresos extra y directa. A su juicio, los 1.400 millones de euros que destinarán en el año 2022 los Presupuestos Generales del Estado para el mantenimiento de estas infraestructuras son «insuficientes», por lo que considera que España debe dar un «paso más» hacia los cambios que demandan las autoridades europeas. La medida se encuentra incluida en el plan de recuperación.

No aprobar esta tasa, indicó Isabel Pardo de Vera, «detrae recursos» para el mantenimiento de carreteras «en detrimento de los que habrían de ser destinados a reforzar el aseguramiento de la sanidad, la educación o la justicia». Ese perjuicio se agrava con la recaudación de peajes «desequilibrados» en el territorio, «generando profundas brechas de oportunidad».

Pardo de Vera apuntó que el modelo impuesto en Europa «es un 60% de tasa de uso y un 40% de peajes» y preguntó si «alguien puede entender» que los camioneros españoles «paguen por usar las carreteras de toda Europa» y los extranjeros «usen gratis» las estatales. Además, recordó que entre 2018 y 2026 se han liberado o se liberarán 1.244 kilómetros de la red de autopistas y se han aprobado descuentos «históricos» en aquellas que siguen con concesión debido a decisiones «que nos dejaron rehenes de su gestión».

Por su parte, el Real Automóvil Club de España ha reiterado su oposición frontal por ser una medida que «vuelve a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores» y, sobre todo, porque «los pone en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas».