Borràs se queda sola en su intención de blindarse ante un procesamiento

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, no consiguió este martes el respaldo de sus socios independentistas a su propuesta de suprimir un artículo del reglamento del Parlament que podría obligarle a cesar como diputada. El artículo en cuestión es el 25.4 y lo introdujeron los independentistas, a iniciativa de la CUP en 2017, como una exigencia de la lucha contra la corrupción. La norma establece que la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral por una causa relacionada con la corrupción contra un diputado, «debe acordar la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata».

El artículo podría afectar a Laura Borràs, que tiene una causa pendiente por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental por fraccionar contratos públicos mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas.

Algunas fuentes apuntan a que el TSJC podría decretar su procesamiento en las próximas semanas. La dirigente de Junts siempre ha defendido su inocencia y además ha asegurado que no tendría que apartarse como diputada, ya que su caso no es corrupción sino represión del Estado contra el independentismo.

En cualquier caso, y a la espera de lo que decida el juez, la presidenta de la Cámara catalana busca su blindaje parlamentario, por la vía de suprimir el 25.4, aunque lo tendrá muy difícil, toda vez que ninguna fuerza apoyó este martes su iniciativa, que planteó en la Mesa a través de un informe de los letrados del Parlament, que concluyen que el reglamento del hemiciclo necesita renovarse. Entre otros puntos, los letrados señalan que el artículo 25.4 debería suprimirse, pues entienden que podría ser anticonstitucional respecto a la presunción de inocencia.

Ahora es alguno de los grupos de la Cámara el que tendrá que iniciar la tramitación parlamentaria, llevando una propuesta a la comisión sobre el reglamento, y más tarde sería el pleno el que acabaría decidiendo.

Pero, de entrada, gran parte de los grupos, salvo Junts, se oponen a la supresión del artículo. «Es un mecanismo necesario en la lucha contra la corrupción», avisó ERC.