El Poder Judicial acusa al Gobierno catalán de «invadir» competencias

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces aprobó el pasado martes con alguna controversia un informe donde se censura el comportamiento del Ejecutivo presidido por Jordi Pujol, al que advierte de forma severa de los límites legales y constitucionales a los que están sometidas sus atribuciones de poder. En el texto, elaborado por el vocal Adolfo Prego (miembro de la mayoría conservadora elegida a propuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura y el PP), se afirma que las autonomías no pueden «regular la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales establecidos en la comunidad, incluso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)». Doctrina constitucional Para el Consejo, la pretensión del Ejecutivo catalán de asignar un nuevo tipo de recursos a la Sala Civil y Penal del TSJ de su comunidad supone arrogarse competencias que le están «claramente vedadas» por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que contienen normas supletorias sobre la atribución a los órganos jurisdiccionales del conocimiento y resolución de determinados asuntos. Respecto a este mismo punto precisa que es «clara» la reserva de ley estatal, que ha sido declarada por el propio Tribunal Constitucional (TC). La Carta Magna -recuerda el CGPJ- «nada dice sobre cuales sean las competencias objetivas que puedan corresponder a los Tribunales Superiores de Justicia, ya que su determinación corresponde al legislador». A su vez, el TC ha declarado que estos órganos forman parte de «un Poder Judicial que configura la Constitución, al que se atribuye el ejercicio de la jurisdicción por los Juzgados y Tribunales que lo integran en todo el territorio español». Así se ha pronunciado al fallar en contra de comunidades como Galicia o Castilla y León en distintos conflictos con el Gobierno central. Compatencias estatales En el caso concreto del anteproyecto de ley de la Generalitat sometido a consulta, el órgano de gobierno de los jueces no discute que el nuevo reparto de recursos para el TSJ catalán pueda resultar adecuado, sino que el Gobierno autonómico carece de competencias para tomar esas decisiones. Y es que, aunque la Administración dirigida por CiU cree que el Estatuto de Autonomía la faculta para ello por tratarse de modificaciones legales que sólo afectarían a las particularidades del derecho de Cataluña, la mayoría del CGPJ entiende que también se «menoscaban intereses estatales». No es la primera vez que el Poder Judicial y el Ejecutivo catalán chocan por el reparto competencial. La última ocurrió el pasado mes de mayo, cuando el Consejo evidenció una vez más su división en dos bloques ideológicos. Los conservadores, mayoría en la institución, prohibieron a los cargos judiciales de esa comunidad formar parte del Consejo de Justicia de Cataluña «en razón a su régimen de incompatibilidades». Por el contrario, la minoría progresista calificó esa postura de «deslealtad constitucional» e incluso vaticinó un conflicto institucional con el Gobierno de Jordi Pujol.