Acebes garantiza la continuidad de las casas cuartel y llama irresponsable al PSOE por pedir que se cierren
El Gobierno pretende crear 20.000 nuevas plazas de policía en tres años
Los ministros de Interior y de Justicia cerraron la convención del PP «Más seguridad, más libertad» con una cerrada defensa de la labor d
De izquierda a derecha, Barberá, Michavila, Acebes y Mayor Oreja, ayer en Valencia
El titular de Interior señaló en el acto celebrado en Valencia que se van a «mantener las casas cuartel como institución más representativa de la Guardia Civil» porque son unas instalaciones con las que «es más fácil garantizar la seguridad de la Guardia Civil, que es objetivo de ETA, y es mejor para atender la seguridad de los ciudadanos». Precisó que el Gobierno aprobó «un presupuesto de 3.000 millones de pesetas para mejorar las condiciones de seguridad de las 2.500 casas cuartel que hay en España y que albergan 30.000 viviendas». Acebes sostuvo que estas dependencias de la Guardia Civil generan un sentimiento de seguridad y cercanía entre la población ya que «cuando existe una emergencia la primera puerta a la que se llama en los pueblos es a la de las casas cuartel, porque en ellas se conoce a sus hombres y mujeres». En cambio, prosiguió, el PSOE «proponer dar mensualmente 30 euros» a cada guardia para que «pueda vivir en un domicilio particular, lo que indica que no ha hecho ni las cuentas porque, cómo es posible, en una ciudad como Valencia, alquilar por 30 euros una casa digna para un guardia civil y su familia». El ministro defendió el plan contra la inseguridad ciudadana que ha puesto en marcha el Gobierno, así como los llamados juicios rápidos que comenzarán a celebrarse a partir de abril. Con estas medidas, dijo, «vamos a acabar con la reincidencia de los delincuentes, con el carrusel de entrada y salida de las comisarías». Y recordó que «la modificación de la reincidencia fue una decisión del Gobierno socialista que ha tenido las consecuencias que ahora sufrimos». Acebes confirmó el compromiso de «contar en tres años con 20.000 nuevos policías y guardias civiles, y mejor formados». Se mostró convencido de que la presencia de más agentes «en las calles es lo que nos ofrece seguridad y no las apuestas de reducción de efectivos de la Fuerzas de Seguridad que hemos tenido que soportar durante 14 años de Gobierno socialista». Por su parte, el ministro de Justicia se comprometió a terminar con la práctica de algunos inmigrantes irregulares que cometen delitos menores para evitar su expulsión de España. «Lo que no podemos consentir es que hay unos pocos que vengan a delinquir y que el Estado de Derecho no les puede decir: usted que no quiere regularizarse cometa un delito porque si lo hace podrá pasearse libremente por las calles de España a la espera de juicio»