La Administración tiene la cuarta parte de los empleos temporales

España es campeona en temporalidad. No hay ningún otro país europeo que tenga un mayor porcentaje de empleados con fecha de caducidad. En esta situación de incertidumbre laboral están más de 4,4 millones de ocupados, el 26% del total, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al tercer trimestre.

Y pese a que uno de los grandes retos del Gobierno es reducirla a través de la contrarreforma laboral, lo paradójico es que es la Administración la responsable de una cuarta parte del empleo temporal, puesto que más de 1,1 millones son trabajadores públicos.

No se trata de algo nuevo en el mercado de trabajo español. No, la pandemia en este caso no tiene nada que ver, sino al contrario. Es un problema estructural que se arrastra desde hace décadas y que ninguna ley ni Ejecutivo ha conseguido cambiar.

Así, durante el confinamiento, en el segundo trimestre de 2020 la temporalidad se situó en mínimos, en el 22%. Una tasa más baja que la que se ha registrado en los últimos 10 años, cuando la eventualidad se ha mantenido entre el 25% y el 30%. Los niveles más bajos los registró durante los momentos más críticos de los años 2013 y 2014, con la ocupación en mínimos y el paro en máximos. A partir de la recuperación de los siguientes años, la temporalidad volvió a crecer hasta situarse en torno al 27% desde finales de 2016 hasta finales de 2019. Y, salvo que se tomen medidas, ese mismo camino ascendente lleva ahora, aunque aún lejos de la tasa cercana al 35% que se alcanzó en 2006.

Por eso para Bruselas la gran prioridad en la contrarreforma laboral que el Ejecutivo está negociando con los agentes sociales y que tiene que estar lista antes de que termine el año es reducir significativamente esta temporalidad. Y en esas está el Gobierno.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha puesto encima de la mesa de sindicatos y patronal sus recetas para poner punto y final a la temporalidad.