La huella de otro crimen no es del asesino del niño
El Gobierno mantiene la prisión permanente pese a su oposición desde 2015
La huella encontrada en el piso de la mujer hallada muerta en Logroño en su domicilio, en octubre del 2020, no se corresponde con el detenido como presunto autor del homicidio de un niño de nueve años el jueves 28 de octubre, Francisco Javier Almeida.
Según fuentes policiales, las investigaciones alrededor de este suceso, en el que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación a espera de pruebas de ADN confirmatorias de la autoría, han dictaminado que la huella encontrada no se corresponde con Almeida.
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha informado que el caso se trasladó en septiembre de este años —tras la instrucción del juzgado de Instrucción número 2— al Juzgado de Violencia de Género «por apreciarse indicios de que pudiera tratarse de un caso de violencia de género».
A día de hoy, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Logroño está a la espera de recibir el resultado de las diligencias de investigación que en su día acordó el Juzgado de Instrucción 2.
En un principio, la línea del suicido fue la que cobró más fuerza, aunque posteriormente la investigación cambió de rumbo y se detuvo a una persona por un presunto caso de violencia de género, según fuentes policiales, que apuntan que el detenido es la pareja de la mujer hallada muerta.
«El PSOE ni apoya, ni avala, ni asume la prisión permanente revisable y mucho menos la cadena perpetua. Presentaremos un recurso de inconstitucionalidad». El 2 de febrero de 2015, después de firmar en la Moncloa el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista bajo la presidencia de Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció que su partido iría al Tribunal Constitucional para derogar una de las novedades de la reforma del Código Penal: la introducción de la Prisión Permanente Revisable (PPR). Los socialistas ya habían mostrado su rechazo al PP durante la negociación y en el acuerdo no se mencionó esta figura punitiva, que alarga el cumplimiento ininterrumpido de cárcel (de 25 a 35 años), para que llegara a puerto.
Aquella efervescencia de la oposición fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo hasta llegar a esta semana, seis años y medio después.
Primero con los golpes de realidad que han supuesto trágicos sucesos como el crimen del pequeño Gabriel en Almería, en febrero 2018. Un asesinato que consternó a la opinión pública y que llevó al entonces candidato Sánchez a sacar del debate partidista la derogación de la PPR a la espera de que se pronunciara el Constitucional.
Al crimen de Gabriel se sumó la mediática campaña emprendida por el padre de la joven Diana Quer - a cuyo asesino le condenaron a esta pena- para no derogar la medida, que sumó más de 1,5 millones de firmas.
Y hace solo un mes, por siete votos a tres, la corte de garantías avaló la legalidad de la PPR porque no vulneraba el principio de reinserción social de los presos y se podía revisar a partir de los 25 años.
En suma, los acontecimientos han superado al Gobierno y ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop, reconoció en el Senado lo evidente: que el Gobierno no suprimirá la norma. Ello pese a que el PNV sigue presionando porque la considera «un paso atrás». «La sociedad no merece que se reabra el debate, porque genera incertidumbre en cuestiones de gran sensibilidad y menos que lo haga cuando el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado», justificó Llop.