La Moncloa quiere blindar hasta medio siglo los secretos de Estado

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que prepara el Gobierno apunta a que las autoridades podrán prorrogar hasta medio siglo la prohibición de acceder a las materias más reservadas que comprometen la seguridad nacional. En la actualidad, basándose en esa normativa franquista, el Ejecutivo puede mantener 'sine die' en secreto cualquier materia cuya divulgación pueda dañar gravemente los intereses del Estado.

No obstante al avance que supone fijar un límite temporal para obligar a la desclasificación, el borrador que desde el pasado julio está coordinando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, situaría a España en el rango de países occidentales más restrictivos con el acceso a los asuntos sensibles, muy por encima, incluso, de Estados Unidos que permite la desclasificación de expedientes altamente confidenciales a partir de los 25 años.

Precisamente el horizonte máximo de 25 años para la desclasificación era el que defendía PSOE cuando estando en la oposición enmendó la propuesta del PNV, la formación que desde 2016 viene presionando de manera reiterada para derogar la vieja normativa de la dictadura y aprobar un texto similar al del resto de los países de la Unión Europea y buena parte de los miembros de la OTAN.

Los nacionalistas vascos, en su proyecto -que ha sido ignorado tanto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como por el de Pedro Sánchez- abogaban por mantener el secreto solo entre 10 y 25 años, dependiendo el tipo de información a desclasificar.

Finalmente, los socialistas, tras la llegada al Gobierno, se han inclinado por los plazos que desde el inicio mantuvo el PP, los de impedir la divulgación de las materias más sensibles para la seguridad durante un período que se movería entre los 25 y los 50 años.

No obstante, en la Moncloa recuerdan que el texto de Bolaños es todavía un borrador, que ni siquiera ha sido discutido con los socios de Gobierno de Unidas Podemos. Aun así, la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es aprobar la nueva ley en algún momento de 2022, según los cálculos que hacía la exvicepresidenta primera Carmen Calvo, que hasta la crisis de Gobierno del pasado verano coordinó a los expertos de Interior, Defensa, Exteriores y Economía que trabajan en el proyecto.

Cuatro niveles

El punto que menos controversia plantea es la necesidad perentoria de que España homologue ya con los países de su entorno (particularmente con los de la OTAN y del espacio Schengen) los niveles de protección de la información. La idea sobre la que no hay discusión es que debe haber cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.

Los niveles se establecerán dependiendo de la gravedad del daño que para los intereses de España provocase la difusión de los datos en cuestión (extraordinariamente grave; grave; perjudicial; o simplemente desfavorable para el país).

España en la actualidad solo tienen dos categorías de materias (secretas y reservadas), por lo que las autoridades vienen intercambiando información sensible con sus socios de la OTAN desde 1982 y con los de la UE desde el 1985 sin amparo legal, usando simplemente los sellos de "confidencial" o "difusión limitada".

Fijados los cuatro niveles, la controversia empieza en los plazos para descalificación del borrador del equipo de Bolaños. Hay acuerdo en que el tiempo para levantar el velo debe depender de la sensibilidad de los asuntos, pero el arco que plantea el Gobierno no es del gusto de sus socios, según reconocen fuentes del propio Ejecutivo.

La franja se mueve entre los 50 años del "alto secreto" a los solo cinco años de opacidad para las cuestiones "restringidas". Pero hay más, el Ejecutivo se plantea incluso poder extender una década más adicional la negativa a desclasificar materias "alto secreto" y "secreto", algo que no ocurre en prácticamente ningún país occidental.

La otra cuestión espinosa es la decisión del Gobierno de ampliar la autoridades que podrán vetar durante años a la opinión pública los documentos sensibles. Con la legislación todavía vigente solo el Consejo de Ministros puede declarar clasificado un documento (la normativa el 68 también facultaba a declarar el secreto de estado a la Junta de Jefes de Estado Mayor, pero este órgano desapareció en 2005) .

El borrador de Bolaños da luz verde a que puedan hacerlo sin dar mayores explicaciones el presidente del Gobierno, los ministros de Defensa, Exteriores e Interior, el jefe del Estado Mayor de la Defensa u otros altos cargos de segundo rango como el secretario de Estado de Seguridad, embajadores diversos responsables del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Lo que todavía no ha acabado de definir el Gobierno es quién desclasifica.

La Moncloa no descarta crear un órgano específico para levantar secretos.