Casado trata de disolver su estrecha relación con Arnaldo, vinculado a sus aprobados sin ir a clase

Pablo Casado llevaba dos semanas sin responder a preguntas y ayer rompió su silencio para hacer una rotunda defensa de Enrique Arnaldo, el candidato del PP para el Tribunal Constitucional, ante la avalancha de informaciones sobre sus estrechas vinculaciones con él mismo, con su partido y sus presuntas irregularidades profesionales.

El letrado de las Cortes Generales, aseguró, ha acreditado una «imparcialidad absoluta» en el ejercicio de su labor. Y añadió que tanto el jurista, como la otra candidata del PP, la magistrada Concepción Espejel, son «independientes».

El líder de la oposición se desplazó por segunda vez a la isla de La Palma desde que el volcán Cumbre Vieja entró en erupción, y allí respaldó sin matices a su patrocinado. Se permitió incluso un juego de palabras con el coordinador de EH Bildu. «El problema que hay en las instituciones», según Casado, no se llama Enrique Arnaldo, «es Arnaldo Otegi, que sigue sin condenar los 900 asesinatos de ETA». El líder de la izquierda abertzale, dijo, «sí es un problema, no los candidatos al Tribunal Constitucional».

El presidente de los populares argumentó también que no hay contradicción alguna entre su defensa de la despolitización de la justicia y su candidato.

Su planteamiento es que el Tribunal Constitución es una instancia «jurisdiccional», no judicial. La justicia se imparte en «el Tribunal Supremo» y se gobierna desde el Consejo General del Poder Judicial, que son, en su opinión, los órganos que deben quedar fuera de la contienda política.

«Se están confundiendo las cosas» para dañar a sus candidatos y al PP. Con Arnaldo, remató, su partido «ha respetado escrupulosamente» el procedimiento tasado para presentar candidatos para el Constitucional porque su «idoneidad» no admite dudas.

Nada dijo de las informaciones sobre el letrado de las Cortes que ha compaginado su tarea pública con la actividad privada de su bufete de abogados y las relaciones mercantiles con administraciones públicas gobernadas por el PP. Ni de sus relaciones con dirigentes populares condenados o acusados de corrupción, como Eduardo Zaplana o Ignacio González.

Tampoco aludió a las informaciones sobre sus lazos personales con Arnaldo, vinculado al Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, donde Casado aprobó 12 asignaturas de Derecho en cuatro meses, y a la Universidad Juan Carlos I, en la que el líder del PP hizo un máster en Instituto de Derecho Público sin asistir a clase. El PP sostiene que son «chismes», en palabras de su responsable de justicia, Enrique López, al que, precisamente, defendió Arnaldo en el juicio posterior a su detención cuando conducía ebrio una moto en 2014. López era entonces magistrado del Constitucional.

Casado y el PP eluden dar una respuesta a estas informaciones. El jefe de la oposición deslizó además que los dos candidatos para el Constitucional avalados por el PSOE, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, no tienen los «perfiles más idóneos» para el puesto. La primera es magistrada del Tribunal Superior de Andalucía y el segundo, de la Audiencia Nacional.

Pero el PP, añadió, se ha guiado por «las reglas» que marca la Constitución, que no habla de «vetos» y exige que los candi acrediten «idoneidad profesional».

En el PP, de todas maneras, hay dirigentes que dicen no entender bien el empeño de Casado en promover al letrado de las Cortes, con una trayectoria con muchas aristas, cuando hay un buen número de magistrados y juristas conservadores que encajaban mejor.

El segundo muñidor del pacto, el PSOE, continúa marcando distancias con el PP, una vez superado el trance de la votación en el Congreso de los candidatos y el amago de revuelta de algunos de sus diputados. Su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, insistió ayer en que los socialistas no se sienten concernidos por los dos candidatos conservadores y corresponde al PP «asumir la responsabilidad» por sus nombramientos. Gómez pasó por alto que el PSOE legitimó con sus votos en la Cámara baja la elección de los cuatro aspirantes, con las excepciones de un puñado de diputados.

«Nosotros —subrayó en TVE— respetamos los acuerdos como partido serio de Estado, y cumplimos los mandatos legales. Hemos priorizado la renovación» sobre las opiniones personales.

Gómez señaló que, además de Odón Elorza, sólo dos representantes socialistas, entre ellos el exministro José Luis Ábalos, no votaron a los candidatos por «errores técnicos», no por voluntad de mostrar sus discrepancias. «No hay más debate», zanjó.

El portavoz socialista apuntó de esta manera a Unidas Podemos como la principal fuente de la fuga de votos. En total, fueron once. La ministra y secretaria general de los morados, Ione Belarra, quitó relevancia a las disidencias en su grupo parlamentario y dio por bueno el pacto con el PP.

Su antecesor al frente del partido, Pablo Iglesias, también bendijo que Podemos aceptara el pacto. Aunque dijo comprender «la náusea moral» de sus compañeros ante los nombres propuestos por el PP, señaló en el diario ‘Ara’ que había que dar ese paso para preservar la «normalidad democrática» y facilitar la renovación institucional.