El Gobierno prepara una reforma para juzgar los crímenes del franquismo
Socialistas y Podemos no permitirán sin embargo que se derogue la Ley de Aministía de 1977 como piden sus aliados
Sánchez y Erdogán se saludan ayer en Ankara, durante el viaje oficial del presidente del Gobierno español a Turquía. STRINGER
PSOE y Unidas Podemos cerraron ayer un acuerdo en torno a treinta enmiendas a la Ley de Memoria Democrática para su tramitación parlamentaria que abre la puerta a que se puedan investigar los crímenes del franquismo y conseguir así el aval de sus socios en el Congreso.
Un intento que puede caer en saco rato tras el cruce de declaraciones entre el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Héctor Gómez, y el de Esquerra, Gabriel Rufián, que ayer evidenció que las posturas continúan aún muy alejadas. «O se están equivocando o alguien está engañando a alguien o a todos», aseveró el dirigente republicano.
Se trata de una fórmula pensada para sortear la Ley de Amnistía de 1977 sin derogarla, tal y como pedían los aliados parlamentarios del Ejecutivo y a lo que el PSOE sigue negándose porque «no sería la panacea» y «las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar de forma retroactiva».
El Gobierno de coalición lanzaba con estas enmiendas un guiño a Esquerra, que exigía una revisión exhaustiva de la amnistía de la transición o la supresión del titulo de rey. Sin embargo, el gesto no ha convencido de momento, a los independentistas, que acusaron al PSOE y a Unidas Podemos de «vender humo» y hacer «triunfalismo absurdo» con sus enmiendas.
Aunque ERC presentó ayer sus propias enmiendas a la norma —un total de 65—, los socios de Gobierno confían en que en el trámite parlamentario sirva para acercar posturas con el grupo republicano.
Con la nueva norma que proponen PSOE y Unidas Podemos, los juzgados españoles podrían investigar y juzgar a personas por las torturas y los asesinatos políticos cometidos durante la dictadura, algo que la Audiencia Nacional había rechazado hasta ahora bajo la base de la prescripción de estos crímenes, al estar sujetos a la Ley deAmnistía.
Ambas formaciones acordaron modificar el artículo 2 de la norma que preparan, que quedaría con la siguiente redacción: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».
Entre las enmiendas para convencer a los partidos que forman el bloque de investidura se encuentran que el ‘Valle de los Caídos’ pase a denominarse ‘Valle de Cuelgamuros’, que las investigaciones judiciales no se limiten al franquismo, sino también a episodios ocurridos durante la Transición —hasta 1982—, y retirar hasta 33 títulos nobiliarios entregados por Francisco Franco como el ducado de Calvo Sotelo o el ducado de Franco.
El secretario de Estado de Agenda 2030 y uno de los negociadores de esta enmienda, Enrique Santiago, celebró el acuerdo alcanzado y admitió que el efecto en la justicia no «va a ser muy importante» ya que muchos implicados han fallecido, pero que permitirá alcanzar «la verdad judicial». Asimismo, en el texto se acuerda reconocer que «las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado», algo que ERC ya exigía en el paquete de enmiendas presentadas con el resto de partidos independentistas ayer.