España quiere imponer visado a los ecuatorianos que llegan de turistas

Sin embargo, el liderazgo de España en la campaña para controlar la inmigración ilegal está costando más de un dolor de cabeza a su diplomacia, que se esmera en defender ante los países sudamericanos «hermanos» que la imposición de visados no es una decisión del Ejecutivo de Madrid. La Administración española ya tiene «casi ultimado» el informe «cuantitativo y cualitativo» que la Comisión de la Unión Europea le había solicitado para defender la inclusión de Ecuador en las listas europeas de países con visado. Bruselas pedía que el Ministerio del Interior aportara cifras y datos sobre la inmigración clandestina ecuatoriana con la promesa no oficial de que si el informe era convincente la petición española se aceptaría. La respuesta española no se ha hecho esperar. El primer argumento es que, según los servicios de Documentación y Extranjería, en el último año 90.000 supuestos turistas ecuatorianos han entrado legalmente en el país, vía aérea Quito-Madrid. Aunque estos miles de personas -sostiene el Gobierno español- tenían sólo permiso de estancia por tres meses, más del 90% de los viajeros no volvió a embarcar para regresar a Ecuador. Se quedaron en España y, por ende, en el espacio Schengen. España espera convencer a Bruselas con otro argumento demográfico de peso, recogido entre los supuestos que la UE establece para la imposición de visados: el desproporcionado flujo migratorio. Las estadísticas que se enviarán a los socios comunitarios son tajantes: en apenas dos años el número de ecuatorianos residentes en España se ha multiplicado por más de cinco. Para el Ministerio del Interior estos datos son más que «elocuentes» para pedir a Bruselas el visado y, a la vista de la «contundencia» de estas estadísticas no hay porqué ocultar esta pretensión. Sin embargo, no es ésta la idea del Ministerio de Exteriores, que desde que hace medio año se conociera el propósito de Interior de pedir la imposición de salvoconducto a varios países latinoamericanos se ha esmerado en una campaña para que España no aparezca ante los estados «hermanos» iberoamericanos como la precursora de la idea. La cuestión ha provocado incluso varios desmentidos entre la diplomacia y los responsables de Interior. Exteriores sostiene, en contra de las declaraciones de Interior, que el Gobierno no ha formulado demanda alguna y que ha sido la Comisión Europea la que ha solicitado a todos los países informes de la situación de su inmigración irregular para ampliar la lista de los visados. En resumen, que en manera alguna la idea de imponer nuevos visados se ha tratado de una iniciativa española.