Cardenal, como Garzón, cree que el Parlamento vasco pudo cometer delito

Una vez analizados todos los papeles y cotejados con los argumentos que en su día esgrimieron los parlamentarios vascos, Enrique Molina dará cuenta a Jesús Cardenal de sus conclusiones. Si éstas le empujan a seguir adelante, recabará el visto bueno del fiscal general y después las enviará al juez Garzón para que decida si pone o no el caso en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Este es el tribunal al que le correspondería abrir diligencias contra los diputados vascos, dado su carácter de aforados. Preguntado acerca de este tema en el transcurso de un programa en Antena 3, el fiscal general puntualizó que ante un auto judicial firme como el que Garzón dictó el pasado 26 de agosto para suspender a Batasuna, todos tienen el deber de «obedecer las resoluciones». Y esa obligación afecta también a las instituciones, que deben velar por el cumplimiento de la ley dentro de su ámbito. El fiscal general explicó que la documentación será estudiada por la Audiencia Nacional aunque haya sido a él a quien le fue remitida en primer lugar. «Ellos me harán una o varias propuestas y elegiré. La responsabilidad de la contestación será mía», aseveró. El ministro del Interior, Ángel Acebes, interpretó estas declaraciones de Cardenal como una respuesta a Garzón. A su entender, el fiscal general «ya le ha dado una opinión jurídica al magistrado, en la que le dice que es competente en el caso de que tenga que tomar medidas que correspondan para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». Poder menoscabado En sus conclusiones, hechas públicas el pasado 3 de octubre, los parlamentarios justificaron su negativa a aplicar el auto dictado por el juez el pasado 26 de agosto con el argumento de que «menoscaba» los poderes de la Cámara y su funcionamiento. Las eventuales actuaciones judiciales que pudieran surgir de este caso no irían dirigidas contra todos los miembros de la Mesa, sino contra aquellos que rechazaron aplicar el auto. En el acuerdo, quedó registrado el sentido del voto de cada uno de los que participaron. Por eso, las diligencias afectarían sólo a los representantes de los partidos que conforman el Gobierno vasco -PNV, Eusko Alkartasuna e IU-EB- que disponen de mayoría en la Mesa. Los diputados del PP y el PSOE votaron a favor de aplicar la resolución.