El PSOE propone un pacto que logre el equilibrio entre ciudad y campo

«Aznar supone una amenaza seria para el concepto constitucional de unidad de España porque la desvertebra», enfatizó el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, quien recibió a los periodistas en Ferraz para resumir las principales conclusiones de las jornadas sobre el mundo rural que su partido acaba de celebrar en Oviedo y Sierra Nevada. La dirección socialista puso de relieve que hoy, en España, los pequeños y medianos municipios reciben del Estado menos euros por habitante que las grandes ciudades. Según Cuesta, la «diferencia es abismal y hay que acortarla, ya que un ciudadano del campo no puede ser un náufrago en la era de los navegantes de Internet, ni malvivir ajeno a servicios públicos esenciales como la educación o la sanidad». El PSOE recuerda que, por vez primera, el Consejo Económico y Social ha denunciado que durante tres años consecutivos ha disminuido la renta por ocupado en el sector agrario, por lo que el sector productivo agrario tiene un PIB con una evolución negativa trimestre a trimestre. «Hoy, los precios que se pegan a los productores no compensan sus gastos. Del mismo modo, muchos pescadores carecen de caladeros a los que ir a faenar», sostuvo Cuesta. Para los socialistas, «la convergencia del mundo rural con el urbano es una prioridad», máxime tras comprobar que cerca de 400.000 pequeños agricultores están dados de alta en el Régimen Especial Agrario y que, además, existen más de 700.000 jornaleros por cuenta ajena en el campo. También consideran fundamental que Aznar restituya los derechos de los trabajadores rurales de Andalucía y Extremadura y mantenga y mejore e PER, «cuya supresión supone una agresión al campo y deja sin ninguna credibilidad toda política agraria del Ejecutivo», según Cuesta. Contrato social El PSOE propuso un «nuevo contrato social» con el mundo rural, alejado de una política del PP que, a juicio del primer partido de la oposición, «se visualiza en el fraude del lino, prefiere favorecer a los terratenientes que a los agricultores y aboca a los jornaleros a elegir entre la indigencia o el éxodo para incluirse en las bolsas de marginados de los núcleos urbanos». En el marco de este nuevo contrato, los socialistas abogan por una financiación local que «trate por igual a pueblos y ciudades». Un modelo diferente al que define el actual proyecto de ley de financiación local que, en opinión del responsable de política municipal socialista, «no sólo abre nuevas incertidumbres y atenta contra la suficiencia financiera de las Haciendas locales, sino que agrava las desigualdades en perjuicio de los municipios rurales». En esta línea, el PSOE propugnó una «discriminación fiscal positiva», a través de incentivos que privilegien el trabajo en el campo, y consideró urgente crear las «bases legales» que aseguren el futuro de las explotaciones rurales. Y lo hizo desde la convicción de que el campo produce un conjunto de beneficios para la sociedad (conservación del medio natural, calidad alimenticia, protección del patrimonio cultural) que justifican la «necesidad de un trato diferenciado» para con los que habitan en él. En un ambiente de precampaña electoral, los socialistas se comprometieron igualmente a promover, en el momento en que gobiernen, políticas específicas sobre educación, sanidad e infraestructuras adaptadas al medio rural que, en definitiva, favorezcan las explotaciones agrarias familiares. Cuesta aseguró que el PP prefiere favorecer a las a tierras improductivas y a los terratenientes antes que a los agricultores, y que su política se resume en su actitud mantenida con el fraude del lino. «Cada vez son más las explotaciones que se cierran en España y esto ocurre por una falta de apoyo y recursos y tampoco hay apoyo a los jornaleros como se ha visto con el autoritario decretazo impuesto por el gobierno».