El fiscal investigará al rey emérito otros seis meses y retrasa su regreso a España

Las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo para investigar las finanzas del rey emérito se han prorrogado seis meses más, hasta junio de 2022, debido al retraso de una documentación que deben remitir las autoridades suizas a petición de sus colegas españoles.

Según marca la ley, el plazo de las pesquisas prejudiciales finaliza el próximo 17 de diciembre, por lo que entraba dentro de lo razonable una ampliación de las pesquisas para analizar esta información antes de cerrar el caso.

Tras conocer la intención de sus subordinados, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmó este jueves un decreto para dar más tiempo al teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, responsable del equipo investigador formado por tres fiscales más y varios peritos de la Agencia Tributaria.

Fuentes jurídicas recalcan que si bien el horizonte se extiende hasta junio no se tiene por qué agotar el plazo. No obstante, se da por hecho que antes de navidades no habrá novedades, por lo que don Juan Carlos seguirá investigado y pasará la festividad en su retiro de Abu Dabi, a donde llegó en agosto de 2020 tras un acuerdo para su salida entre Gobierno y Casa Real.

La semana pasada, desde el grupo investigador liderado por Campos y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se avanzó que antes de tomar una decisión definitiva sobre las diligencias, que están abocadas a su archivo, esperarían a tener sobre la mesa los documentos solicitados al fiscal suizo Yves Bertossa a través de una comisión rogatoria.

En concreto, se trata de unas aclaraciones relativas a movimientos en cuentas vinculadas al rey emérito en los ejercicios 2015 y 2016. Un periodo en el que las presuntas irregularidades fiscales cometidas por el anterior monarca no habrían prescrito.

Por este motivo, los investigadores ya trabajaban con la idea de elevar un decreto motivado a la fiscal general solicitando esta prórroga. En todo caso, estos seis meses de añadido no van a ser bien recibidos en el equipo legal de don Juan Carlos, liderado por Javier Sánchez-Junco, después de que en septiembre mostraran su enfado con la Fiscalía porque el retardo de las diligencias y las «graves» filtraciones generaban indefensión en su cliente.

Desde el verano pasado se vienen conociendo datos sobre la marcha de las pesquisas con un objetivo: allanar el terreno para que la opinión pública digiera el factible archivo de las tres líneas de investigación abiertas en junio de 2020. La explicación jurídica se encontraría en que algunos de los delitos confirmados (fiscales o blanqueo de capitales) habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inimputable hasta su abdicación en 2014, otros habrían prescrito y en último caso faltarían indicios para probar otros hechos investigados.

Las dos regularizaciones fiscales realizadas en este tiempo, por una cuantía superior a los cinco millones de euros, también han ayudado a la defensa del padre de Felipe VI.

LAS Líneas de investigación

Las pesquisas sobre la fortuna y las sociedades del exjefe del Estado se han extendido ya durante un año y medio. Un periodo inusual para unas diligencias prejudiciales. La Fiscalía del Supremo indaga tres asuntos: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca (Arabia Saudí) a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares, y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros vinculadas al anterior monarca en la isla de Jersey, un paraíso fiscal británico.

Por regla general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella (en el caso del emérito ante la Sala Segunda del Supremo por su condición de aforado), acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. En este supuesto se requiere un decreto motivado para explicar esta decisión.

En septiembre

se tuvo conocimiento de que la Fiscalía notificó al rey emérito en junio, noviembre y diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna en el extranjero. Estos avisos llegaron a su abogado. Esta circunstancia ha generado cierta controversia entre colectivos de funcionarios de Hacienda, que consideran que cualquier regularización queda bloqueda si existe una notificación anterior de la investigación al rey emérito.