«Vamos a hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda»

La ministra Raquel Sánchez sustituyó a José Luis Ábalos al frente de Transportes el 12 de julio de 2021. Fue una de las apuestas de Pedro Sánchez para renovar el Gobierno apostando, a su vez, por el municipalismo. Y es que, antes de llegar al Ministerio, Sánchez fue alcaldesa de Gavá, municipio en el que nació, entre los años 2014 y 2021.

—Llegó al Ministerio en julio, ¿qué balance hace de estos meses?

—La llegada coincidió con un momento en el que el presidente quiso sentar las bases de un nuevo Gobierno que permitiera abordar la recuperación del país con nuevos impulsos y nuevas energías, tras unos meses terribles. Y este Ministerio es fundamental para hacer posible esa recuperación.

—¿Cuáles de esas prioridades se pueden impulsar a través del Ministerio?

—En este Ministerio somos responsables de las grandes transformaciones de este país: de movilidad, de las políticas de vivienda... En este tiempo hemos conseguido presentar la primera ley de la democracia que regula la vivienda. También estamos impulsando los fondos europeos que tienen que ver con transformar nuestra movilidad. El último Consejo de Ministros aprobó el lanzamiento de esa estrategia de movilidad. Este Ministerio se caracterizaba por ser el que proveía de infraestructuras a nuestro país. Eso lo seguiremos haciendo, pero queremos ser el Ministerio que garantice que la movilidad es un derecho que puedan ejercer los ciudadanos. Y eso con independencia de su renta, de su género, de si viven en una zona urbana o en una zona rural.

—¿Puede adelantar algo de esa estrategia de movilidad?

— La concretaremos a través de la Ley de Movilidad Sostenible. Nos va a permitir pasar de una concepción de provisión de infraestructuras a un nuevo paradigma que fomente diferentes soluciones y servicios de movilidad.

—En cuanto a la ley de vivienda, ¿hay fecha para que la apruebe el Consejo de Ministros?

—La intención es que la podamos llevar el día 28 de diciembre. Ahora estamos recogiendo las aportaciones y estamos pendientes de un informe del CGPJ.

—¿Cuándo van a estar las comunidades capacitadas para regular el precio del alquiler?

—Nos queda la tramitación parlamentaria y nos gustaría que fuera rápida, pero también somos conscientes de que es una ley histórica y aspiramos a que cuente con el máximo consenso social y político. Prevemos que el Congreso pueda aprobarla en el segundo semestre de 2022. A partir de aquí, la propia ley establece un plazo de un año y medio para que las Comunidades decidan activar, en caso de que lo quieran, esas áreas tensionadas y el sistema de índice de precios.

—¿Entonces, a partir de 2024?

—En ese año seguro que ya es aplicable. Quizá puede ser antes.

—¿Qué implicará para los ciudadanos que ahora no se pueden permitir un alquiler?

—Pretendemos hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda y garantizar que los jóvenes van a tener una serie de ayudas para ellos. Esto se hará a través de la dotación de un marco de seguridad a las comunidades autónomas y la oferta de incentivos a los pequeños propietarios, que son la gran mayoría, para que rebajen los precios, para que les salga a cuenta alquilar a precios accesibles.

—¿Hay ahora muchas casas que la gente no pone en alquiler por miedo?

—Puede haber una pequeña parte, pero no hay tal magnitud de viviendas vacías que no se alquilen por miedo a impagos.

—¿Habrá medidas para que haya viviendas de alquiler público?

—La ley establece que en los nuevos sectores de desarrollo haya un 30% de viviendas que se reserven a precio asequible. Para ciudades consolidadas hay una fórmula para que también se pueda establecer un porcentaje para este tipo de vivienda. Esto referido a la ley, pero también tenemos otras medidas: el Plan de Vivienda para el alquiler accesible prevé la construcción de 100.000 viviendas con una reserva del 30% para jóvenes.

—El PP ya ha anunciado que la llevará al Constitucional y que no la aplicará en las Comunidades que gobierne.

—Nosotros ofrecemos el marco jurídico a las Comunidades para que el acceso a la vivienda sea una realidad. Serán las autonomías gobernadas por el Partido Popular las que tengan que rendir cuentas.

—La legislación antidesahucios de la pandemia decae en febrero, ¿qué pasará después?

—Aquellas medidas se adoptaron en un contexto de pandemia que ahora se ha modificado. Habrá que valorar en ese momento si esperamos a la entrada en vigor de la ley o si articulamos otro mecanismo.

—¿Tienen ya listo el bono joven de alquiler?

—Lo vamos a aprobar en breve. Tenemos ya definidos sus términos: serán 200 millones de euros para 2022. Aunque la convocatoria tarde algo más, la fecha de efecto de la ayuda será a partir del 1 de enero de 2022.

—España ha pactado con Bruselas la implantación de peajes a partir de 2024, ¿tienen ya una propuesta concreta?

—No se pactó en el plan de recuperación. Sí es verdad que uno de los compromisos que planteamos a la UE fue la implantación de un modelo de tarificación de la red viaria, que ya se hace en 25 de los 27 países de la Unión. Tenemos que ir a un sistema en el que sean los usuarios quienes asuman esa financiación bajo el principio de ‘quien usa, paga’. Estamos trabajando en la propuesta, que tendrá que contar con el consenso necesario.

—¿El dinero del peaje será un pago finalista que irá al mentenimiento de las carreteras?

—Claro. Es un sistema de financiacón para el mantenimiento y la conservación de la red viaria. Ahora mismo esa red la están pagando todos los españoles, la usen o no. Hemos consignado 1.300 millones de euros en los Presupuestos de 2022. Parece lógico que se plantee un sistema más justo, que supere desequilibrios territoriales.

—Se hablaba de, en principio, adoptar un sistema transitorio.

—Estamos definiendo el sistema. Yo creo que hay diferentes alternativas. Un sistema de peajes, de viñetas, un sistema mixto de viñetas para vehículos ligeros…

—Los transportistas han convocado paros en Navidad, ¿confía en que haya acuerdo para desconvocarlo?

—El jueves tuvimos una reunión con la sección de carreteras del Comité Nacional de Transportes y esta semana tenemos otra reunión. El Ministerio presentó una serie de medidas ambiciosas e históricas. Creo que hemos avanzado y estoy convencida de que se desconvocará el paro patronal, pero debemos ser prudentes. Dos de los puntos de fricción son el precio del combustible y la descarga de las mercancías. Son las cuestiones que más preocupan, pero hay muchas otras a las que estamos dando respuesta.

—Además de los peajes, ¿qué más reformas implican los fondos europeos?

—Este Ministerio gestiona alrededor de 17.000 millones europeos de los fondos: todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, la mejora de la red ferroviaria, la transformación de vehículos en eléctricos. También haremos transferencias por importe de 3.600 millones de euros para la rehabilitación energética de los edificios.

—¿A esas convocatorias podrán acceder las comunidades de vecinos?

—Sí. Ya hemos aprobado los criterios para repartir los fondos a las autonomías, que serán las que convoquen estas ayudas. Son subvenciones que pueden cubrir hasta el 100% de la actuación en el caso de colectivos vulnerables. Las otras ayudas cubrirán entre el 60% y el 80%. Además, la novedad es que el importe de estas subvenciones no estará sujeto al IRPF.

—¿El futuro de Renfe pasa por el AVE?

— No sólo por el AVE. El ferrocarril va a seguir teniendo protagonismo, yo creo que incluso más.

—¿El Gobierno central, desde hace más de una década, está potenciando la alta velocidad a costa de ir cerrando líneas de media distancia?

—No, en absoluto. En ese nuevo paradigma de movilidad, lo que tenemos que proveer al ciudadano es del servicio que mejor se adapte a sus necesidades. Y ahí no hay etiquetas. No tiene que ser necesariamente AVE, Cercanías o convencional. Estamos haciendo un análisis de la red Ferroviaria y no solo desde una visión económica. No puede ser que tengamos un tren con 300 plazas con 14 personas.

—Pero habrá que atender a la España despoblada.

—Claro. Hay que garantizar la conectividad, pero no necesariamente tiene que pasar por una línea de tren. En eso se basa la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que recoge otros modos, como el vehículo compartido. Pero insisto y niego taxativamente que el AVE esté sustituyendo al tren convencional o a cercanías, porque no son equiparables.