Suiza cierra la causa de los 65 M€ del rey emérito pese a la «voluntad de ocultarlos»

La Fiscalía suiza cerró ayer la investigación por blanqueo de capitales agravado que había abierto hace tres años por la millonaria «donación» que realizó don Juan Carlos a la empresaria Corinna Larsen en abril de 2012. Esa transferencia ascendió a 65 millones de euros, que la expareja del rey emérito había recibido en una cuenta a su nombre en el banco suizo Mirabaud.

El fiscal del Cantón de Ginebra, Yves Bertossa, sospechaba que el origen de este movimiento pudo estar en las presuntas comisiones ilegales percibidas por el anterior monarca por las obras del AVE saudí, realizadas entre 2012 y 2018 por una UTE española. Una gratificación valorada en 100 millones de dólares que el rey Abdalá, a través de su ministro de Finanzas, entregó en 2008 a una sociedad radicada en Panamá, de nombre fundación Lucum y que estaba administrada por el padre de Felipe VI. Sin embargo, éste siempre ha defendido que se trató de un «regalo» de su «hermano» saudí, fallecido en 2015.

Pese a que la causa no iba dirigida contra don Juan Carlos (que en la fecha de los hechos tenía el escudo de la inviolabilidad constitucional en España), sí le salpicaba de forma directa. El motivo es que estaban investigados la receptora de los 65 millones tras liquidar Lucum: Corinna Larsen, su abogado suizo Dante Canonica y el asesor fiscal Arturo Fasana. Este contable manejaba las cuentas del exjefe del Estado en Suiza y que no fueron declaradas a la Hacienda española, como ha demostrado la investigación penal en nuestro país.

La decisión del fiscal ginebrino fue dada a conocer este lunes a las partes en una audiencia pública y refuerza la tesis mantenida por la defensa de don Juan Carlos: que el dinero fue una gratificación del rey Abdalá y que, en ningún caso, se trató de una contraprestación por la adjudicación a una UTE española de la obra ferroviaria Medina-La Meca.

El archivo allana el camino para que la Fiscalía del Tribunal Supremo español confirme también el cierre de las tres diligencias abiertas contra el anterior monarca y que precipitaron su salida del país en agosto de 2020.

Pese a la exoneración en Suiza de los tres implicados más el Banco Mirabaud, como persona jurídica, los investigados tendrán que pagar de forma solidaria las costas del proceso: unos 190.000 euros. Ello pese a que el fiscal no ha podido probar que los 100 millones de dólares iniciales entregados al rey emérito provenían de un delito, en este caso la malversación de caudales públicos, condición necesaria para que se llevara a cabo el posterior blanqueo de capitales.

Y es que Bertossa se encontró con un obstáculo insalvable que le ha impedido justificar su tesis acusatoria. Sabía que cualquier comisión rogatoria que enviara a Riad no iba a encontrar respuesta, ya que sería reconocer que su anterior monarca habría delinquido. «La instrucción no ha permitido establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de contratos relacionados con la construcción del tren de alta velocidad», admitió el comunicado de la Fiscalía de Ginebra.

No obstante, el Ministerio Público sostiene que el uso de esa fundación Lucum y de otras sociedades de los encausados sí «demostrarían una voluntad de ocultación».

«Los montantes concernidos, el origen de los bienes, la ausencia de documentación adecuada justificando las transferencias, las pretendidas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí en favor de Juan Carlos I y luego de este último en favor de Corinna), así como la cronología de los acontecimientos, constituyen indicios de cargo de los acusados», apunta Bertossa.

El fiscal prosigue con las presuntas comisiones repartidas por una obra presupuestada en 6.700 millones y que finalmente ha sobrepasado los 7.100. «Estas comisiones ocultas habrían sido parcialmente disimuladas en cuentas bancarias en Suiza bajo la identidad de varios testaferros», afirma. Y añade que el procedimiento también puso en evidencia otros pagos recibidos por el rey emérito o por Larsen: 1.895.250 dólares en especies, además de otros cinco millones provenientes de Kuwait y dos más de Bahréin.

Transferencias, en suma, que no han sido debidamente documentadas pero que quedan libres de tipificarse como delitos porque no se puede probar el origen del presunto blanqueo.

Uno de los investigados, el Banco Mirabaud, sí tendrá que abonar 49.000 euros por incumplir el reglamento financiero tras no haber informado a la oficina antiblanqueo del país alpino de la transacción de los 65 millones que recibió su cliente Corinna Larsen en abril de 2012.

«Numerosos elementos requerirían que el banco procediera a una comunicación, principalmente las informaciones publicadas por la prensa, el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico», apunta Bertossa.

La investigación se abrió tras la difusión en 2018 de los audios de la reunión en Londres entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, Corinna Larsen y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, la persona que los puso en contacto en 2015. La consultora danesa afirmó que don Juan Carlos había escondido fondos en Suiza y que trató de usarla como testaferro para ocultar parte de su fortuna no declarada. Hubo menciones sobre las presuntas comisiones de la obra del Ave saudí y con estas revelaciones Bertossa mandó registrar a la Policía Judicial la asesoría de Fasana y el despacho de Canonica. Pero al final no hubo resultado.