El PP fuerza al Gobierno a retrasar sus Cuentas por una ‘enmienda de la discordia’

El Gobierno vio ayer frustrado su deseo de ver definitivamente aprobados los Presupuestos Generales del Estado en el último pleno del año en el Senado. El apoyo inesperado del PP a una enmienda de Compromís, a la que se había opuesto con anterioridad, obligará a volver a remitir el texto al Congreso para una última votación que tendrá lugar el próximo martes 28, apenas tres días antes de que concluya 2021.

La jugada de los populares tiene, en el fondo, escasas consecuencias prácticas. El Ejecutivo disfruta de una mayoría holgada para sacar adelante las Cuentas, que el pasado 25 de noviembre recibieron ya el visto bueno del 55% de los diputados en el Congreso: 188 apoyos repartidos entre PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y el PNV. Pero el Ministerio de Hacienda quería contar con un colchón temporal suficiente para garantizarse su entrada en vigor el 1 de enero. Esa meta, en todo caso, sigue siendo perfectamente factible.

El afán por dar por finiquitado cuanto antes el asunto y evitar el mínimo cambio en el texto remitido por el Congreso ya había provocado críticas de distintos portavoces, socios del Gobierno incluidos, por el «ninguneo» al Senado. No en vano, Compromís, que dio su apoyo a las Cuentas en la Cámara baja, no las respaldó en la alta a modo de protesta. Y fuerzas como el PNV, otro aliado clave, censuraron la decisión del presidente de la Mesa, el socialista Ander Gil, de vetar la discusión de una enmienda que suscitaba un amplio consenso y que abogaba por reducir al 10% el IVA de las peluquerías.

El Ejecutivo reaccionó con displicencia al ‘gol’ marcado en el último minuto por el primer partido de la oposición y se apresuró a advertir de que no cambia nada. El propio Pedro Sánchez ironizó sobre el asunto, tras participar en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado. «Si esto sirve para que el PP reconsidere su posición política sobre el uso de las lenguas cooficiales, bienvenido sea», espetó.

La enmienda de la discordia, apoyada también por Esquerra Republicana, PDeCAT y el PNV, defiende, en concreto, la «promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, València, Illes Balears» con una dotación de 1,6 millones de euros. Ahora el pleno del Congreso tendrá que decidir si la mantiene o la levanta, aunque su impacto en términos cuantitativos, sobre un Presupuesto de 240.375 millones, es mínimo y, a diferencia de lo que habría ocurrido con la enmienda relativa al IVA, no obliga al Gobierno.

Los socialistas, en todo caso, sí acusaron a los populares de incurrir en un ejercicio de burdo filibusterismo parlamentario. En el Gobierno recuerdan, de hecho, que el PP se opone a la cooficialidad de algunas de las lenguas mencionadas en la iniciativa de Compromís.

El primer partido de la oposición ha emprendido recientemente una cruzada en el Congreso para evitar que el bable se convierta en idioma oficial de Asturias. El portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, argumentó que la la Carta Europea a la que se alude en el texto, sin embargo, «distingue perfectamente lo que es una lengua cooficial de una lengua que simplemente tiene el carácter de minoritaria o regional».