PP y PSOE endurecerán los beneficios penitenciarios de ETA

IU cree que PP y PSOE están haciendo «política de cortina en vez de Estado» por estudiar sin consultar la posibilidad de endurecer los citados beneficios penitenciarios. Los socialistas señalan que la materia requiere una reflexión tranquila y consensuada para que el resultado sea el más eficaz posible. Por ello, desde hace tiempo un grupo de sus juristas trabaja en la redacción de una proposición para modificar la Ley General Penitenciaria, de manera que los condenados por delitos de terrorismo deberán firmar una declaración de renuncia al mismo y de condena a la violencia para poder conseguir beneficios como el tercer grado o la libertad condicional. Con estas bases, el PSOE señala que se producirán contactos entre los firmantes del Pacto para analizar el asunto y volver a lanzar a ETA el mensaje de que «en la violencia no hay futuro» gobierne quien gobierne en España. Los nacionalistas catalanes no creen que el Pacto Antiterrorista sea el mejor foro para este debate sino la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Justicia del Congreso de los Diputados donde todas las fuerzas parlamentarias podrían analizar la cuestión. «Estamos dispuestos a valorar si el actual sistema es el adecuado o puede que sea conveniente modificarlo. Pero la reflexión ha de ser amplia y de todos», añade CiU. «Política de cortina» A quienes sí ha molestado la posibilidad de diálogo entre PP y PSOE es a los miembros de Izquierda Unida que opinan que los dos partidos están haciendo «política de cortina en vez de Estado» por estudiar, sin consultar antes, esta cuestión. «Los populares imponen sus políticas al PSOE cuando se reúnen detrás de una cortina, achicando espacios y desarrollando políticas partidistas. Así excluyen a las demás fuerzas afectando, incluso, al propio contenido de la Constitución», señaló el portavoz parlamentario de la formación, Felipe Alcaraz. Un colectivo que sí se muestra partidario de endurecer los beneficios a condenados por terrorismo son las principales asociaciones de jueces y fiscales que son favorables a que el Gobierno esté estudiando la posibilidad de modificar el Código Penal para que la reducción de pena por beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo se calculen sobre el total de pena impuesta en la sentencia y no sobre el máximo periodo de cumplimiento, que son 30 años. No obstante, algunas piden prudencia ante el riesgo de que la modificación pueda afectar a la Constitución. Desde la Asociación de Fiscales, Martín Car explicó que la iniciativa que estudia el Ejecutivo ya está contemplada en el ordenamiento jurídico español como una opción de los tribunales.