España tiene más jueces que Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos

España ha superado en 2002, por primera vez en su historia, la cifra de 4.000 jueces operativos, lo que sumado a los 7.678 jueces de paz que existen en nuestro país, nos coloca con una media de 28,69 jueces por cada 100.000 habitantes, por delante de Alemania (28), Francia (10,2), Inglaterra (4,5) y Estados Unidos (11,6). Así se desprende del balance de 2002 del Ministerio de Justicia, que indica que la cifra «histórica» de 4.029 jueces se ha podido conseguir con la creación en estos últimos cinco años de 693 plazas, cifra que triplica la de los cinco años anteriores (de 1992 a 1997), cuando se crearon 236 plazas judiciales. Por tanto, actualmente, en España hay un juez por cada 3.485 habitantes. El documento explica que se ha conseguido el 87,5% del objetivo del Libro Blanco de la Justicia, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1997, de crear hasta 2002 un total de 800 plazas judiciales. Según el balance, el próximo año se cumplirá el cien por cien del citado objetivo, al crearse 62 plazas para jueces de lo mercantil y las 30 previstas en otros órdenes jurisdiccionales. Uno de los objetivos del Ministerio era la plena profesionalización de la planta judicial, ya que hace sólo un año había 588 jueces sustitutos que, sin ser profesionales, ponían sentencias. En estos momentos, indica la memoria, el 90 por ciento de esas plazas están cubiertas por jueces de carrera que han superado unas oposiciones y el periodo de formación en la Escuela Judicial. Según explicó en la presentación de este balance el ministro de Justicia, Michavila, durante este año se han desarrollado los tres ejes de trabajo que presentó el pasado 11 de septiembre en el Congreso de los Diputados: el fortalecimiento del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo, la modernización de la Justicia, la defensa de los ciudadanos y la protección de las víctimas. En lo referente al primer eje, el ministro destacó la reforma de la Ley de Partidos para que una formación como Batasuna «no pueda ser el brazo político» de ETA.