El lunes se reunirá con socialistas y catalanes y el jueves con IU, mientras que el PNV critica la medida
El Gobierno busca apoyos para endurecer las penas por terrorismo
El próximo día 3 de enero el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley para el cumplimiento íntegro y efectivo de
En la jornada del lunes, día 30, Michavila se verá por la mañana con el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, y por la tarde con el portavoz de Justicia de CiU, Manel Silva. Los socialistas hablarán con el Gobierno pese a que piensan que estas medidas contra el terrorismo tratan de tapar la crisis del Prestige y los nacionalistas catalanes también lo harán, aunque, a su juicio, ha sido «vergonzoso» el anuncio de la reforma del Código Penal «sin un consenso previo». La reunión que tendrá lugar el día 2 con IU estará encabezada previsiblemente por Gaspar Llamazares que ayer mismo envió una carta al ministro para solicitar una entrevista ya que no está en absoluto de acuerdo con la «unilateralidad de la que está haciendo gala el PP, más preocupado por rentabilizar electoralmente esta cuestión de Estado y por ocultar su ineptitud ante la tragedia del Prestige, que por afianzar el acuerdo político para hacer más eficaz la lucha contra ETA». Demagogia para el PNV El Gobierno quiere con estas reuniones el apoyo de toda la oposición y, concretamente, el del PSOE, partido con cuyo líder, José Luis Rodríguez Zapatero, aún no se ha hablado al respecto. Así lo dijo ayer el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, que pidió expresamente el apoyo de los socialistas y señaló que «esta norma la aprueba cualquier persona que tenga un mínimo de equilibrio». Desde el Gobierno vasco opinan que las medidas anunciadas por Aznar para que los presos de ETA cumplan íntegramente sus penas son «demagógicas» y esperan que, si esta cuestión llega al Tribunal Constitucional, éste «las frene». El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga se refirió hoy a la nueva Ley señalando que «tiene visos de inconstitucionalidad». «Desconocemos el contenido de la reforma. Se plantea en un comité ejecutivo de un partido político, en el caso del PP, que está convocado curiosamente para hablar de la catástrofe del Prestige. Es claramente una medida populista, demagógica, intentando desviar la atencion hacia el problema del terrorismo para tratar de salvar un poco los muebles ante la catástrofe de la gestión que se ha realizado en el tema de marea negra», señaló y puntualizó que el propio Tribunal Constitucional «se posicionó al respecto manifestando que la aplicación de los beneficios penitenciarios habría que hacerlo no sobre la totalidad de pena, sino sobre el máximo de 30 años». El Ejecutivo central rechaza las críticas nacionalistas ya que asegura que el texto es plenamente constitucional y ha sido elaborado desde el rigor técnico y el estudio de una comisión de expertos en materia. Además, opina que las medidas supondrán que España deje de ser «uno de los países donde más barato sale, en términos penales, ser terrorista».