Cuarenta años

El presidente Aznar parece decido a cumplir con un antiguo compromiso electoral del PP: cambiar las leyes para que los terroristas cumplan íntegramente las penas que les sean impuestas. Dado que la Constitución establece que uno de los objetivos de la pena es la reinserción de los delincuentes, el cambio que se pretende pasa por una reforma o por una relectura consensuada de la Carta Magna. Parece que el Gobierno -que tiene prisa política en sacar adelante la reforma- se inclina por esta segunda opción. Al margen del oportunismo con el que saca ahora este conejo de la chistera, creo que aún antes de concretarse, la medida cuenta con un amplio respaldo popular que procede del hartazgo de la ciudadanía ante las atrocidades cometidas por los etarras. Desde que la ETA está siendo duramente golpeada tanto policial como judicialmente, psicológicamente, ese hartazgo al que me refería ha pasado del discurso colectivo -la masa siempre ampara- al discurso individual, más comprometedor. El resultado (feliz) es que ahora incluso en el País Vasco la gente denuesta abiertamente a la ETA y a sus cómplices con mucha más libertad de palabra que hace unos años cuando la banda parecía indestructible. Aunque en términos de perspectiva política la medida viene dictada por intereses partidistas, esta circunstancia, en sí misma, no anula ni la componente pedagógica ni la necesaria ejemplaridad del castigo para quienes recurren al crimen para allegar fines políticos. Desde este punto de vista creo que una porción mayoritaria de la sociedad española -en el caso de ser consultada- respaldaría la medida. Otra cosa, ya digo, es el momento elegido por el Gobierno para ponerla en marcha. Sobre este particular creo que oportunismo es la palabra que mejor resume la situación. El ciudadano José María Aznar -que lleva siete años en la Moncloa durante los cuales, no lo olvidemos, la banda terrorista ETA ha cometido decenas de asesinatos- ha elegido este momento porque atraviesa por el punto más bajo de popularidad de toda su carrera política. Popularidad hundida por las inepcias ministeriales evidenciadas en la desastrosa coordinación de la crisis provocada por el naufragio del Prestige. Por eso, ahora sí toca que los terroristas cumplan íntegramente las penas y antes no teníamos tanta prisa.