Cerco directo a las narcoavionetas
Tras más de 20 años de vuelos con droga, Interior y Aesa firman un protocolo para facilitar las investigaciones en caliente Los narcos camuflan sus aeronaves con las de turistas o aficionados
Dos guardias civiles durante una operación en un aeropuerto. CATI CLADERA
No es, ni mucho menos, un fenómeno delincuencial nuevo, pero todavía sigue siendo un gran desconocido para las fuerzas de seguridad del Estado, que ni siquiera barajan estimaciones fiables de las dimensiones de este mercado. Las narcoavionetas y narcohelicópteros sobrevuelan los cielos de la península, el Estrecho y ambos archipiélagos con bastante asiduidad sin que en la inmensa mayoría de las ocasiones se les detecte. Los narcos —explican responsables policiales— vuelan bajo para evitar los radares o, directamente, hacen confundir sus avionetas con las centenares de aeronaves privadas que cada día aterrizan y despegan de los aeródromos españoles con aficionados, turistas, viajeros o ejecutivos.
Desde que en 1999 la Guardia Civil desarticuló la primera red de narcos que usó una avioneta para transportar grandes alijos de hachís entre Marruecos y la Península y distribuirlos gracias a pistas de Ciudad Real y Tarragona, los hallazgos fortuitos, accidentes y laboriosas operaciones se han ido sucediendo con cuentagotas, pero sin pausa. El pasado octubre fue el último gran golpe policial. La Guardia Civil detuvo en Sevilla a 25 miembros de un grupo que tenía dos aeródromos clandestinos que se hacían pasar por canódromos.
Pero la lista en las últimas dos décadas de sucesos es enorme: avionetas matriculadas en Toledo y abandonadas a toda prisa con más de 400 kilos de coca en Fuerteventura; pequeños aparatos procedentes de España retenidos en Tánger; experimentados pilotos del cártel de Sinaloa contratados para hacer vuelos en España; aparatos para aficionados modificados para poder atravesar el Atlántico; fincas de Andalucía Occidental, Extremadura o Castilla-La Mancha convertidas en aeródromos; persecuciones a avionetas sin luces; lujosos jets de Buenos Aires a Barcelona con cerca de una tonelada de coca en el portaequipajes. Y así una larga lista. En este maremágnum, las fuerzas de seguridad, hasta ahora, jugaban sus bazas con una mano atada a la espalda —según denuncian los operativos— porque los problemas jurídicos y burocrático han impedido durante los últimos años que el Ministerio del Interior tuviera acceso inmediato y directo al Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa). La base de datos de las «marcas de nacionalidad y matrícula».
Un archivo —explican responsables de Policía Judicial— tan esencial para la investigación de las redes aéreas del narcotráfico como el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, para perseguir a los grupos de delincuentes en tierra, o el Registro General de Buques para seguir el rastro al narcotráfico por mar.
Seguridad jurídica
Ahora, un reciente acuerdo publicado en el BOE entre Interior y Aesa permite que agentes de la Policía Nacional accedan sin cortapisas al Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles, «en especial los datos relativos a sus propietarios y operadores (nombres, direcciones y teléfonos) y los datos técnicos de la propia aeronave (clase, marca, tipo-modelo y número de serie)».
El protocolo que abre las puertas a esta información, que la administración aeronáutica siempre ha considerado especialmente sensible, insiste en que estos datos son «considerados de gran interés para la Dirección General de la Policía» en las investigaciones sobre narcotráfico.
«La posición privilegiada de España posibilita que su territorio sea utilizado como plataforma de actividades aéreas o de tránsito por organizaciones delictivas que hacen uso de aeronaves como medio para desarrollar las actividades criminales», subraya el acuerdo, que añade que «poder disponer de la información incluida en la base de datos del Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles es de gran utilidad para localizar e identificar a las personas, físicas o jurídicas, relacionadas con la actividad de una aeronave implicada en algún tipo de acción de interés de la Dirección General de la Policía».
A partir de ahora, los agentes no tendrán que pedir autorización judicial para acceder a esta base, pero su uso seguirá siendo especialmente restringido, hasta el punto de que el protocolo que, por supuesto, especifica que los policías solo podrán entrar en la base «en el cumplimiento de sus específicas misiones». Una circunstancia que limita el acceso a un puñado de funcionarios.
Según el protocolo, la Policía facilitará a Aesa un listado (nombre y apellidos y el DNI o número de identificación profesional) del personal de la que esté facultado para acceder a la base, debiendo Interior avisar de inmediato de cualquier cambio en las personas autorizadas. Además, para reforzar el operativo se establece un sistema de contraseñas y auditorías, «de modo que cada vez que se produzca un acceso quedará registrado el día y hora en que se ha producido el mismo, los datos consultados y el personal que ha realizado la consulta». Todo estos filtros para que la supervisión policial de esta base de datos no afecte a la seguridad jurídica.