El TSJ de Cataluña obliga a Barcelona a devolver la medalla a Martín Villa
El concejal de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, tildó ayer de «aberrante» e «inaudita» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que revoca la retirada de la Medalla de Oro al último gobernador civil franquista de Barcelona, el leonés Rodolfo Martín Villa.
En una sentencia, que se puede recurrir, la sección quinta de la sala contenciosa del alto tribunal catalán da la razón a Martín Villa y deja sin efecto la decisión del pleno de retirarle la Medalla de Oro, que el ayuntamiento le había concedido inicialmente en 1976, al concluir que, con el reglamento municipal en mano, únicamente sería posible quitarle la distinción si hubiese hechos coetáneos no conocidos en el momento en que se la entregaron.
Serra y el concejal de Memoria Democrática, Jordi Rabassa, defendieron que la retirada de la medalla está amparada por la Ley de Memoria Histórica y enfatizaron que el plenario municipal que le otorgó esta distinción en 1976 era «ilegítimo» porque el de entonces aún era un «ayuntamiento franquista».
«Esta medalla no fue otorgada por un plenario del Ayuntamiento de Barcelona con grupos políticos elegidos democráticamente en las urnas. Esta medalla fue otorgada solo dos meses y medio después de la muerte del dictador, cuando aún pervivía la dictadura franquista», ha enfatizado Serra.
«Esta sentencia nos teletransporta al peor momento de las sentencias de este país, cincuenta años atrás, cuando los jueces franquistas dictaban sentencias dirigidas a proteger la impunidad de los criminales franquistas», denunció el concejal de Derechos de Ciudadanía.
Serra indicó que ya han dado indicaciones a los servicios jurídicos municipales para que se incoe un nuevo expediente para justificar de nuevo la retirada de la medalla, enfatizando la ilegitimidad del plenario que se la concedió o incluyendo las recientes declaraciones en las que el mismo Martín Villa reconocía que pudo ser «responsable político y penal» de la muerte de cuatro personas entre 1976 y 1978, que motivaron la apertura de un proceso judicial en Argentina.
«Armaremos un nuevo expediente y esperamos que esta vez sí encontremos una justicia sensible hacia este clamor democrático mayoritario que existe en la sociedad y que por desgracia aún no ha penetrado suficientemente en la justicia», avisó Serra.
Rabassa reclacó que «Barcelona no puede honrar a franquistas» y ha subrayado que Martín Villa tuvo «importantes funciones políticas y ejecutivas sobre todo el aparato represor» de la época.