Casado acusa al PSOE de pucherazo y los socialistas al PP de dar un ‘tamayazo’

Pablo Casado no está dispuesto a renunciar a un triunfo que el PP acarició. El rechazo del Congreso a la convalidación de la reforma laboral hubiera sido una estocada al Gobierno. El líder de la oposición anunció ayer que su partido va a ir «hasta el final» para subsanar «el pucherazo» que, a su entender, se perpetró al no permitir la presidenta de la Cámara que su diputado Alberto Casero modificara el sentido de su voto tras un supuesto error informático.

El presidente de los populares elevó el tono de su denuncia durante un acto electoral en Soria, y además del «pucherazo parlamentario» que atribuyó a Meritxell Batet, habló de «atropello democrático», «engaño a los españoles», «ataque a la soberanía nacional», «actuación impropia de una democracia desarrollada».

En el otro lado, en el del PSOE, no se plantea como una posibilidad o una especulación verosímil. El PSOE sostiene sin ambages que Pablo Casado y el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, intentaron impedir el jueves la convalidación de la reforma laboral por parte del Congreso del mismo modo que hace poco menos de un año frustraron la moción de censura del PSOE y Ciudadanos en Murcia, «comprando voluntades».

La disputa sigue. El PP no va a dejar instancia parlamentaria y judicial sin utilizar para cambiar el resultado de la votación. La reforma laboral fue convalidada con 175 votos a favor y 174 en contra, unas cifras que se hubieran invertido si Batet hubiera aceptado que el diputado del PP votara de nuevo. Una actitud que, según Casado, podría desembocar en una querella por prevaricación ante el Supremo contra la presidenta del Congreso.

El líder de los populares cree contar con mimbres jurídicos para que su demanda ante el Constitucional prospere. Se escuda en los precedentes de una sentencia anterior sobre una votación en el Parlamento vasco y en los acuerdos de la Mesa del Congreso que regulan el voto telemático. Por lo pronto, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias tras la denuncia de un ciudadano particular contra la votación del Congreso.

Casado fue la punta de lanza de la ofensiva de su partido. Detrás fueron la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, envió ayer una carta a Batet para pedir que no se publique en el boletín de las Cortes el resultado de la votación y que tampoco se remita al Boletín Oficial del Estado. Unas horas antes, el propio diputado Casero había entregado otro escrito a la presidenta del Congreso para defender que se había «vulnerado» su derecho al voto y para denunciar que el resultado «no expresa la voluntad popular».

El PP cree a pies juntillas la versión de su diputado, estrecho colaborador del secretario general, Teodoro García Egea, a pesar de que los responsables de los servicios informáticos del Congreso descartaron el fallo técnico. Puntualizaron que el sistema está dotado de una salvaguarda de verificación del voto que impide la equivocación.

Se equivocó tres veces

Se da la circunstancia, además, de que el diputado del PP votó el jueves en contra de las directrices de su grupo en tres ocasiones, no solo con la reforma laboral, un triple error que hace aguas la teoría del problema telemático. Fuentes parlamentarias sin distinción de color político apuntaron que el fallo es siempre humano. No hay precedentes en el Congreso de una anomalía al emitir el voto en su ordenador.

De hecho, en las 28 votaciones del jueves se registraron doce errores de los diputados que optaron por la vía informática. Entre ellos, el ministro Alberto Garzón, que erró dos veces, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, otros dos representantes morados y cuatro del PP. Ninguno alegó fallos técnicos.

Todos los diputados se equivocan alguna vez a lo largo de la legislatura en las centenares de votaciones que se producen. Erró Mariano Rajoy en 2017 al rechazar una enmienda a sus Presupuestos; Pablo Iglesias hizo lo propio al respaldarlos; y Pedro Sánchez votó a favor en 2015 de la reforma del PP de la ley del aborto. Y como ellos, el resto de los 350 diputados tanto en la modalidad presencial como telemática.

Pero el PP no tiene más remedio que avalar la versión de Casero del fallo informático porque la equivocación humana no tiene recorrido en los tribunales.

Aunque el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, consideró ayer «irrelevante» la causa, la posición oficial es que se trató de un problema técnico y que se produjo un atropello a los derechos de su representante que alteró el resultado de la votación.

La resolución del conflicto no se va a sustanciar en el Congreso porque Batet no tiene previsto reunir a la Mesa, como exige el PP, para acordar una repetición de la votación. Los servicios jurídicos de la Cámara recordaron que nunca se ha tomado esa decisión por el patinazo de un parlamentario al pulsar el botón.

El escenario donde se va dilucidar es el Tribunal Constitucional siempre que el PP recurra a esa instancia. Pero fuentes jurídicas consideran muy improbable que la corte de garantías dé la razón a las demandas del PP.

La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, asegura que eso es lo que hizo el PP con los dos diputados de UPN que, pese a asegurar durante todo el día que serían disciplinados con la decisión de la dirección de su partido, acabaron votando en contra del real decreto ley.

Como prueba de cargo la dirección socialista alega tan solo que «durante todo el día» se pudo ver a Sergio Sayas y Carlos García Adanero junto a diputados del PP y de Vox y que, de hecho, eso ya despertó muchas sospechas. «Por eso nuestros compañeros les dijeron a ambos si iban a mantener sus votos», adujo. La respuesta, según Lastra, fue afirmativa, a pesar de que ambos habían advertido a primera hora de la mañana de que, personalmente, no estaban de acuerdo con el voto favorable acordado la víspera por el presidente de su formación, Javier Esparza, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Llegado el momento, pulsaron el botón del ‘no’ y sólo el error del diputado del PP Alberto Casero impidió que la reforma fuera derogada.

«Aquí lo que ha habido, y que nadie tenga la más mínima duda, es un caso de transfuguismo político, de compra de voluntades por parte del PP y lo único que nos queda por averiguar es el precio que ha pagado», insistió una y otra vez Lastra en una comparecencia en la sede de su partido.

«El PP de Casado y de Egea —añadió— es capaz de cualquier cosa con tal de llevar adelante sus pretensiones».