El fiscal acerca el ‘perdón’ al emérito

La Fiscalía no ha encontrado indicios que permitan dirigir un «reproche penal» al rey emérito en una de las tres líneas de investigación abiertas contra don Juan Carlos, la relativa al depósito escondido en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado de dirigir las diligencias tras el fallecimiento del teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, considera que procede acordar el archivo porque el anterior monarca ni gestionó ni se benefició de este dinero.

Así lo refleja un extracto del borrador de decreto de archivo que adelantó la Cadena Cope, y cuya filtración ha provocado un profundo malestar en Anticorrupción dada la relevancia del investigado. El cierre de esta pieza anticipa el inminente final de la otras dos líneas de investigación, que también serán archivadas: el supuesto uso de tarjetas de crédito opacas por parte de miembros de la Familia Real, que fueron sufragadas por un empresario mexicano, y los gastos personales abonados por la Fundación Zagatka a don Juan Carlos.

Sobre las pesquisas de Jersey, el Ministerio Público indaga la existencia de un ‘trust’ (instrumento económico y jurídico del derecho anglosajón de naturaleza fiduciaria) con un depósito de 10 millones de euros vinculado presuntamente por un testaferro al exjefe de Estado. Pero el fiscal Luzón concluye que no hay elementos que sustenten esta sospecha inicial. «Desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular ‘The JRM 2004 Trust’ con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad de disponer de los fondos. En ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas», explican las conclusiones del borrador.

Ese documento, que consta de 20 páginas, aún debe ser firmado por el propio jefe de Anticorrupción y visado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

En las conclusiones se indica que ‘The JRM 2004 Trust’ se constituyó en 2004 de la mano de Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y consejero de don Juan Carlos. Nació con fondos procedentes de la liquidación de otros dos productos financieros similares: Tartessus y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente por iniciativa de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, amigo del rey emérito fallecido en 2009, y «de los que fue beneficiario el entonces rey de España».

Donaciones EN el Franquismo

Luzón añade que no existe actualmente «documentación soporte disponible» sobre esos dos trust y que «probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados». No obstante, se sabe que procedían de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 del pasado siglo a don Juan Carlos. Era dinero que aportaron diferentes personas para apoyar el sostenimiento del entonces Príncipe de España.

Siempre según el relato del fiscal jefe Anticorrupción, ya en los años noventa «la finalidad de ambos trusts era apoyar al entonces Rey en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a éste como único beneficiario».

Llegamos a 2004 y, escribe el fiscal Luzón, «la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones». Así que el Rey Juan Carlos «decidió liquidar los trusts y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura».