La fiscalidad abre otro frente en el Gobierno con la brecha de la reforma laboral fresca aún

No es una sorpresa, pero hasta ayer el ala socialista del Gobierno no había sido tan claro al expresar su malestar con la decisión de Unidas Podemos de hacer pública el lunes su propia propuesta de reforma fiscal; un texto que aboga por endurecer el IRPF para las rentas más altas, revisar la tributación corporativa y medioambiental e introducir un impuesto a las grandes eléctricas, además de una tasa para las grandes fortunas no bonificable por las comunidades autónomas, entre otras medidas. «Es —dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero— un irrupción inoportuna».

El Gobierno encargó en abril del pasado año a un grupo de expertos un análisis para hacer «más eficiente» el sistema fiscal y dar respuesta a «las nuevas realidades». Sus trabajos se han centrado en cuestiones como la armonización del impuesto de patrimonio —asunto que ya ha desatado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, las criptomonedas, las transacciones digitales y los impuestos verdes (carburantes, billetes de avión, gases fluorados o plásticos de un solo uso). Las conclusiones se esperan, tras algunos retrasos, para el día 28.

«Lo lógico habría sido esperar a tener el documento que el propio Gobierno ha encargado a esos expertos, que han trabajado de forma altruista poniendo lo mejor de su conocimiento al servicio de la sociedad —afeó Montero en TVE a sus socios en el Ejecutivo—. Creo que no es conveniente discutir en paralelo otras iniciativas».

Su tono distó mucho del más neutro empleado la víspera por la ministra portavoz en su comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez se limitó a señalar, como había hecho el mismo lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que la propuesta de Unidas Podemos no es la del Gobierno.

«Los partidos pueden reunirse donde quieran y con quién quieran, esto es la democracia», adujo la también ministra de Política Territorial para quitar hierro al asunto. «Hacen su trabajo en el ámbito de su organización y el Gobierno en el suyo», añadió

Montero concedió que las formaciones políticas tienen derecho a hacer sus propuestas pero, sin utilizar la palabra, atribuyó a Unidas Podemos un comportamiento desleal. «Habría preferido que hubiesen esperado», insistió.

Que la de la reforma fiscal, planteada para 2023, iba a ser la próxima batalla dentro del Gobierno era muy previsible, pero Podemos golpeó primero y golpeó dos veces al adelantarse a cualquier movimiento del PSOE en un acto presentado por las ministras Ione Belarra (secretaria general del partido) e Irene Montero junto al secretario de Estado y responsable del área económica de la formación, Nacho Álvarez. Lo hizo, además, lanzando un mensaje a los socialistas tras la aprobación de la reforma laboral con una mayoría que pivotó sobre Ciudadanos y de la que siempre abjuraron los morados.

Podemos invitó al acto a la diputada de ERC Marta Rosique y al senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta y, desde el atril, su líder avisó: «Tenemos que abordar una reforma fiscal que sea ambiciosa, que pueda redistribuir la riqueza y que nos permita llegar a un acuerdo en el Gobierno de coalición, pero también con el bloque de investidura».

Justo lo que no fue posible con el acuerdo para la reforma laboral liderado por Yolanda Díaz, fundamentalmente, y que censuran desde algunos sectores de UP porque la negativa de Pedro Sánchez a avalar cambios, bien en el real decreto bien a futuro, al margen del diálogo social hizo inviable la negociación.

Ione Belarra defendió ayer su actuación frente a las críticas de la ministra de Hacienda yreplicó que lo «enormemente inoportuno» es que, en «plena recuperación económica», todavía los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas paguen «el doble» de impuestos que las grandes.

«Quiero recordar que somos un Gobierno de coalición y, por tanto, los dos socios tienen que poder participar de los debates centrales, igual que en materia presupuestaria», argumentó.