La Fiscalía archiva las investigaciones a Juan Carlos I pese a las irregularidades
El ministerio público no se va a querellar contra el rey emérito y da carpetazo al caso
Juan Carlos I. MARIO RUIZ
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias de investigación abiertas al rey Juan Carlos I desde 2020 al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.
Esas dos circunstancias, unidas a la «insuficiencia de indicios incriminatorios» en otros casos y a las regularizaciones fiscales efectuadas por el rey emérito, han conducido al cierre de las investigaciones en dos decretos firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y difundidos por la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía destaca que, pese a no haber podido dirigirse penalmente contra Juan Carlos I, su actuación «ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas» correspondientes a «las cuotas tributarias adeudadas» por el rey emérito.
El ministerio público llegó a abrir tres diligencias de investigación a Juan Carlos I (una de ellas acabó siendo absorbida por otra), lo que motivó su salida de España el 3 de agosto de 2020 en dirección a los Emiratos Árabes, donde ha permanecido hasta ahora. La decisión de ayer podría motivar su regreso.
Las investigaciones han girado en torno al presunto cobro de 65 millones de euros por intermediar en la construcción del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), sobre si recibió donaciones no declaradas y sobre si ocultó fondos en paraísos fiscales.
FRAUDE A HACIENDA PRESCRITO
Pese al archivo de las investigaciones, la Fiscalía ha identificado cuotas defraudadas a Hacienda en el IRPF de los ejercicios 2008 y 2012 «que superan con creces» el «umbral del delito», en 120.000 euros.
Sin embargo, también constata que no existiría responsabilidad penal hasta el año 2011 al estar prescrito el delito y que, en el 2012, Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución.
Según la Fiscalía, la investigación no ha podido esclarecer «vinculación alguna» entre el ingreso de 64,8 millones de euros y la adjudicación del AVE a La Meca ni que ese pago esté relacionado con comisiones, sino que «se trataría» de un «regalo» «en consideración» a su condición de jefe de Estado, lo que, por tanto, podría integrar el delito de cohecho, que estaría «claramente prescrito».
La Fiscalía da por buenas las regularizaciones fiscales efectuadas por Juan Carlos I a lo largo de la investigación al cumplirse el requisito objetivo (reconocimiento y pago de la deuda) y el temporal (que el pago se haga antes de que se le notifique que hay una investigación abierta).