El acuerdo con Marruecos no aclara si pone fin a la reivindicación de Ceuta y Melilla

Tras cinco días pasando de puntillas por el mayor viraje en política exterior en las últimas décadas, el Gobierno activó ayer múltiples frentes para justificar su repentino cambio de postura sobre el Sáhara Occidental. No sólo filtró la literalidad de la carta en la que Pedro Sánchez trasladó a Mohamed VI que España asume el plan de autonomía de Marruecos para su excolonia. También movilizó al propio presidente rumbo a Ceuta y Melilla para escenificar que la decisión zanja una crisis «insostenible» con el reino alauí y abre una relación «reforzada» en la que primará el respeto mutuo a la «integridad territorial».

Fueron seis escuetos párrafos los que el 14 de marzo iniciaron la maniobra de ciaboga. La misiva de Sánchez al rey marroquí, avanzada por este último el pasado viernes y publicada ayer por ‘El País’, constituye toda una declaración de intenciones en la que la Moncloa apela a la normalización de las relaciones para «evitar futuras crisis». Sobre el texto planea una oferta: España reconoce la propuesta de Rabat como «la base más seria, creíble y realista» para la resolución del conflicto saharaui y a cambio demanda «la estabilidad e integridad territorial», en una alusión velada a la presión migratoria y a las aspiraciones expansionistas en Ceuta y Melilla.

Hasta las dos ciudades autónomas se desplazó ayer Sánchez para profundizar en su relato en un viaje oficial cargado de simbolismo. Las visitas de presidentes españoles a la zona se suelen reducir a la mínima expresión ante el enfado que suelen suscitar en Rabat por lo que considera una «provocación». Pero esta vez el mandatario socialista llevaba bajo el brazo un acuerdo que pretende poner fin a las suspicacias. Reivindicó que Ceuta y Melilla son en sí mismas «asuntos de Estado» y que su situación «ha primado» en el sigiloso trabajo diplomático desde la escalada de tensión por el ‘caso Ghali’ y la entrada masiva de migrantes.

Eso sí, a pesar de que fue preguntado en varias ocasiones, el jefe del Ejecutivo no fue capaz de garantizar que esta nueva etapa vaya a suponer el punto final a la histórica reivindicación de la marroquinidad de estos dos territorios por parte del reino alauí.

Una y otra vez se afanó por defender un acuerdo «bueno» y «equilibrado» que aporta dos claves: «Seguridad y estabilidad». Porque no es únicamente la cuestión territorial y migratoria la que importa, sino también la plena restauración de las relaciones económicas y en materia de seguridad con el tercer socio comercial de España al margen de la Unión Europea.

«Había un problema que era necesario resolver». Dar carpetazo a esa «insostenible» situación con un aliado «estratégico» es el objetivo que, según razonó Sánchez, ha motivado el cambio de criterio en torno al Sáhara. Y es que, a diferencia del argumentario que su propio partido se encargó de difundir con la tesis contraria, el líder socialista no niega explícitamente que se haya producido cierto movimiento. En todo caso, sigue enmarcando su remozada posición en la doctrina oficial de que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU ya dieron su visto bueno al plan de Marruecos para otorgar un estatus autonómico a la antigua colonia española.

Añadió Pedro Sánchez que otros países como Francia y Alemania, e incluso la Comisión Europea lo secundan.

Lo importante para la resolución del conflicto, abundó el presidente del Gobierno, es que se reconoce que «deben ser las partes afectadas quienes acuerden la solución». Una apreciación con la que trató de neutralizar las críticas de su propio socio de gobierno en la Moncloa, Unidas Podemos, que le acusa de haber dejado al pueblo saharaui «a los pies de la dictadura marroquí».

Tras su viaje de ayer, el presidente del Gobierno deberá escuchar este y otros reproches en la comparecencia ante el Congreso que protagonizará el próximo miércoles. Hasta esa cita, en la que mezclará la cuestión del Sáhara con las conclusiones del Consejo Europeo de hoy y mañana, pospuso el grueso de las explicaciones y la respuesta a varios interrogantes que quedan en el aire; el principal, el que pende sobre Argelia.

¿Le comunicó la Moncloa su cambio de posición sobre el Sáhara? Una vez más, el jefe del Ejecutivo ni confirmó ni desmintió. «Éste es un acuerdo entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos», se limitó a contestar. Se esforzó, por contra, en subrayar su papel de socio «estratégico» y llegó a asegurar que «es posible tener buenas relaciones» pese a la decisión de Argel de retirar a su embajadora en España. Un paso que Sánchez «respeta» y que se compromete a tratar de revertir «con todo lo que esté en nuestra mano».

En el Gobierno confían en que la indignación argelina vaya a menos a medida que vaya sacando mayor rentabilidad con el suministro de gas a Europa por la invasión rusa de Ucrania.