El juez pide imputar a Oltra por su papel en los abusos de su exmarido a una menor

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue a la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por la actuación del departamento que dirige en un caso de abusos sexuales a una menor por el que fue condenado su exmarido.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez ha elevado este viernes el preceptivo escrito razonado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, único órgano judicial capaz de imputar a Oltra por su aforamiento. En este escrito el juez considera que «no resulta ya posible progresar en la investigación» sin que la vicepresidenta «sea oída como investigada» y cree que existen «indicios racionales, serios y fundados» de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos en un centro público de acogida.

A la conclusión del proceso contra el exmarido, la menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de la formación ultra España 2000, y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno —que desacreditaba su versión— sobre lo sucedido.

En la exposición razonada, que consta de 71 folios, el juez instructor indica que conoce que la misma sala a la que dirige su escrito ya desestimó en mayo de 2011 una demanda de Cristina Seguí y la Asociación Gobierna-te, por los mismos hechos, y recoge que en su pronunciamiento la sala ya calificó de «sospechosa la actuación del personal directivo de la Conselleria, particularmente de quienes ordenaron y llevaron a cabo lo calificado como instrucción parajudicial».

El instructor cree que «no existió en la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos».

«¿Cómo podían ser esclarecidos los hechos si jamás nadie preguntó a la niña sobre los mismos en el CAM ni en la Conselleria? ¿Cómo pueden escudarse profesionales experimentados en Psicología en el argumento de que no se aborda el tema con la menor en las entrevistas con la misma para no contaminar su relato? ¿Por qué la niña no fue derivada a un recurso especializado cuando este existía?» «¿Por qué se trata desde un primer momento de restar credibilidad a la niña? ¿Por qué sin investigación alguna digna de merecer tal nombre se repone a un presunto abusador de una menor tutelada en un servicio al cuidado de menores? ¿Por qué se solicita la versión del educador sobre los hechos una vez reincorporado al trabajo? ¿Si la niña no era creíble, por qué se cambió al educador de planta al reintegrarle al servicio?».

El instructor formula estas y otras preguntas retóricas para evidenciar que «revelan una gestión por los profesionales a los que se viene aludiendo que se califica por sí sola», aunque admite que «no es el momento procesal de profundizar en las consecuencias de la acción o falta de acción a falta de diligencias