El juez imputa y embarga los bienes a los comisionistas de mascarillas en Madrid
Almeida admite que su mano derecha puso en contacto a Luis Medina y Alberto Luceño con el Ayuntamiento
Imagen del aristócrata Luis Medina Abascal, uno de los presuntos comisionistas. JUAN CARLOS HIDALGO
) La trama de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid sumó ayer un nuevo capítulo y su final parece lejos de vislumbrarse. El juez que ha asumido la investigación por las supuestas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia, Adolfo Carretero, decidió hoy imputar a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. Ambos declararán como investigados el 25 de abril. El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid también decidió embargar los bienes de lujo que ambos habrían adquirido tras las comisiones de seis millones de euros que cobraron del proveedor, según la Fiscalía, por inflar el precio de un millón de mascarillas, 2,5 millones de guantes y 250.000 test de autodiagnóstico rápido en marzo de 2020.
Se trata de una medida preventiva con la que se pretende evitar que dichos bienes cambien de titularidad antes de que se produzca una sentencia y, en el caso de que esta sea condenatoria, haya posibilidades de recuperar dicho dinero. Los contratos relativos a ese material sanitario ascendían a 12 millones de euros, y más de la mitad habrían ido a parar a los bolsillos de ambos empresarios: un millón a Medina y cinco a Luceño.
Una cantidad con la que ambos adquirieron coches de lujo, relojes de alta gama e incluso propiedades inmobiliarias en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, negó en un primer momento cualquier contacto entre el consistorio y los comisionistas, asegurando que únicamente habían tratado con la empresa. Pero posteriormente admitió que su primo, Carlos Martínez-Almeida, sí que habló con su mano derecha en el Ayuntamiento para saber de qué forma podía Medina trasladar su oferta al consistorio. Es decir, sostiene que la coordinadora general de la alcaldía y su primo tuvieron esa comunicación sin que él se enterase. El Ministerio Público, por su parte, apunta a que Medina contactó con el Ayuntamiento «aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid».
La querella señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo «un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas».
También recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad «muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas».
Además, recibió 250.000 test Covid-19, de los que casi una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7%), y otra parte importante (115.000) eran, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%). «Como contrapartida, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal», recoge.
Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros y tres relojes Rolex con costes de 6.550 euros, 26.000 euros y 9.900 euros.
De igual modo, el dinero se destinó a al compra de un Aston Martin DB11 (160.000,00 euros); un Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), un Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros); otro Mercedes SCL 300 (54.500 euros); un Range Rover Sport (102.000 euros); un KTM X BOW (91.800 euros); y un BMW I8 Roadster (121.000 euros)
Con excepción del Aston Martin, «estos vehículos fueron facturados a la sociedad de la que Alberto Luceño es administrador y accionista único, y a la que imputó el cobro de las comisiones percibidas por las operaciones de compraventa de material sanitario.
También pagó una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje y un trastero por más de un millón de euros.