El juez exige cuatro millones a Luceño para evitar el embargo inmediato
El instructor del caso mascarillas le libra de los delitos de alzamiento de bienes y fiscal
El socio de Luceño, Luis Medina, a su llegada al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. SERGIO PÉREZ
El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha impuesto una fianza al empresario Alberto Luceño de cuatro millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento en el que investiga delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
El instructor da 48 horas para abonar esta cuantía al comisionista del contrato de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid, en cuyo caso de impago se procederá al embargo de los bienes que se encuentren a nombre de la mercantil Takamaka Invest, de la que es dueño.
El juez quiere conocer los bienes a nombre del investigado y de la citada sociedad e insta a la Agencia Tributaria para que facilite las posibles pertenencias en el extranjero.
El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid acordó también rechazar la ampliación de la imputación por alzamiento de bienes y delito fiscal tanto para Luceño como para la sociedad.
Una decisión que supone un respiro para el perceptor de 4,6 millones de comisión por gestionar el contrato de mascarillas, guantes y pruebas diagnósticas.
El magistrado explica que hasta el momento solo ha podido ser embargado un inmueble valorado en 1.107.400 euros, diversos vehículos de alta gama cuantificados en 946.136 euros y el saldo de cuentas corrientes por 129.140 euros. Por tanto, alega que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanza 6,2 millones, por lo que debe fijarse una fianza final de 4 millones, tal y como solicita el fiscal anticorrupción del caso, Luis Rodríguez Sol.
En otro apartado del auto, el juez rechaza imputar a Luceño y a su sociedad por un delito de alzamiento de bienes, tal y como hizo con Luis Medina. Justifica el instructor que Luceño «no ha realizado disposiciones patrimoniales» tras su declaración ante la Fiscalía, pues, como ha acreditado documentalmente su abogado, el dinero de las ventas de tres vehículos fue ingresado en las cuentas de la sociedad. Además, ha aportado los relojes que se le han pedido —valorados en 42.000 euros y que pagó con la comisión— y justifica los gastos familiares y de su actividad mercantil.