Los espías rusos y después, Marruecos
Los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son recurrentes: el espionaje marroquí es, tras el ruso, el más «agresivo» que se despliega en España. Y no solo por su uso masivo de Pegasus. Rabat —apuntan fuentes de la inteligencia española— tiene en territorio nacional muchos más agentes que cualquier otro estado extranjero, aunque, eso sí, sus tácticas son mucho más «burdas» que la de las agencias del Kremlin o de otros «países hostiles» con espías habituales y «constatados» como China, Venezuela o Cuba.
La DGED, acrónimo de la Dirección General de Estudios y Documentación, el servicio de inteligencia exterior de Marruecos, cuenta oficialmente con más de 4.000 agentes. Esta agencia, dirigida desde 2005 por Yassine Mansouri, amigo íntimo de Mohamed VI, está detrás de la gran mayoría de operaciones descubiertas en España en los últimos años. Aunque también han sido ‘destapados’ de otras agencias de seguridad o inteligencia marroquíes que, en principio, no están volcadas en el exterior: la Dirección de Inteligencia Militar, la Dirección General de Vigilancia del Territorio o la Dirección General de Asuntos Internos. Sólo en el último año se han registrado dos «roces» importantes con los servicios secretos del país vecino, según relatan en el CNI.
El primero, la entrada de «numerosos» agentes marroquíes a Ceuta en mayo de 2021, aprovechando la avalancha de 8.000 inmigrantes que llegaron a nado, con el objetivo de recopilar información sobre infraestructuras y protocolos de las fuerzas de seguridad en la ciudad. El segundo fue la detección, casi en las mismas fechas en Logroño, de espías en las inmediaciones del hospital en el que se encontraba ingresado Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
No obstante, estos encontronazos entre la contrainteligencia nacional y los servicios secretos marroquíes que operan en España son continuos, según revelan las sentencias de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Y es que el Supremo, a partir de resoluciones dictadas entre 2011 y 2013, sentó doctrina obligando al CNI a descubrirle sus cartas (o al menos parte de ellas). El alto tribunal estableció que los servicios secretos no pueden invocar, sin más, motivos de «seguridad nacional» para informar en contra de la concesión de la nacionalidad o el asilo o para pedir la expulsión de un extranjero, sino que tenían que ofrecer «un mínimo de datos sobre las razones determinantes de la decisión».
Así que el CNI, desde entonces —y en pildoritas—, va quemando agentes y destapando operaciones de espionaje marroquí. En julio de 2013 reveló la existencia de una trama establecida en Granada y con «estrecha relación» con el consulado marroquí en Almería, que era desde donde se dirigía esta célula. La cual también estaba vinculada a agentes de la Dirección General de Vigilancia del Territorio en Tetuán.