Sánchez sacrifica a la directora del CNI para que el espionaje no le frustre la legislatura

Era la crónica de una muerte anunciada. El Gobierno ya se había preocupado de dejar caer hace una semana que estaba dispuesto a sacrificar a la directora del CNI, Paz Esteban, en el altar del independentismo para intentar cerrar la crisis abierta con sus socios por la instalación del ‘malware’ Pegasus en los teléfonos de políticos, activistas, abogados y periodistas de la órbita secesionista. Ayer consumó la amenaza. El centro de inteligencia tiene ya una nueva responsable, la hasta ahora secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro.

Sobre el propósito de la decisión no hay muchas dudas. Sin embargo, al Ejecutivo le costó enhebrar un relato que la justifique. La caía de Esteban, funcionaria de los servicios secretos desde hace 40 años, se produce en contra del deseo de su inmediata superior, la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que señalaban como máxima responsable política del espionaje tanto ERC como el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos. Pedro Sánchez nunca ha estado dispuesto a dejar caer a Robles, entre otras cosas, porque la proximidad de la cumbre de la Otan que tendrá lugar en Madrid a finales de junio haría difícil explicar su destitución.

Esa suerte de equilibrio buscado por el presidente complicó el mensaje porque Robles fue la encargada de informar tras el Consejo de Ministros del cambio. Y no se atuvo al guion. En su intervención, la ministra ni siquiera se refirió a la crisis del espionaje como causante del relevo de Esteban, que insistió en encuadrar, una y otra vez, dentro de una operación «normal y natural» con la que simplemente se pretende «reforzar más si cabe» el papel del CNI, al que definió como un «referente» para los servicios de inteligencia de todo el mundo, en su lucha contra el terrorismo, contra la delincuencia internacional y por su «defensa de la paz». «Habla de destitución -replicó al primer periodista que preguntó por el asunto- y yo le diría sustitución».

No aceptó señalar a la cesada como culpable de que su teléfono, el del jefe del Ejecutivo y, según se anunció ayer mismo, el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, resultaran infectados con Pegasus en junio y mayo de 2021. Ni tampoco admitió que se cuestione el espionaje reconocido a 18 independentistas, entre los que se encontraban el hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en 2019. «Aquí hasta chiquitos jóvenes han ‘hackeado’ terminales de países importantes. Vamos a poner las cosas en su sitio. Somos vulnerables. Por eso tenemos que invertir al máximo, pero teniendo claro que la seguridad plena no existe», adujo sobre la brecha de seguridad en la Administración del Estado. «Este Gobierno, todos sus organismos, cumplen con la legalidad. Así que legalidad, legalidad... no le acepto destitución sino sustitución», insistió en relación a la operación contra el secesionismo.

Incomodidad

La incomodidad tanto de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, como del secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, durante y al término de la comparecencia, fue más que evidente. Lo previsto era presentar el cese como resultado de la investigación interna abierta hace tres semanas. Y por eso, antes de ejecutarlo, se esperó a poder presentar, ayer, el informe completo del Centro Criptológico Nacional, sobre la vulnerabilidad cibernética del Gobierno. Informe según el cual, además de sustraer información de los teléfonos de Sánchez, Robles y Marlaska, también hubo en 2021, coincidiendo con la crisis con Marruecos, un intento fallido de entrar en el teléfono del ministro de Agricultura y exembajador en Rabat, Luis Planas. Sobre la autoría del espionaje, el Gobierno evitó dar detalles y se remitió a la justicia.

Rodríguez sí intentó, no obstante, colocar el foco de la salida de Esteban donde más interesaba al Gobierno. «La inspiración no es otra que ver qué posibles fallos se han producido y abordarlos en todos los ámbitos, desde el político, al técnico -dijo-; Hay que permanecer alerta a los mecanismos de mejora para sortear riesgos». Está aún por ver que la cabeza de la jefa de los espías sea suficiente para contentar a ERC.

Negativa a dimitir

Paz Esteban se negó a dimitir el viernes. La ya exdirectora del CNI rechazó marcharse voluntariamente tal y como le pidieron en Moncloa y le solicitó la propia Margarita Robles a regañadientes. Según explicaron fuentes de los servicios secretos, las presiones desde el Gobierno a Esteban para que abandonara el puesto ‘motu proprio’ alegando «motivos personales» se reforzaron sólo horas después de que se celebrara la comisión de secretos oficiales del Congreso en la que la propia Esteban confirmó que 18 independentistas, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, fueron espiados por el CNI, con autorización judicial.

Esteban se negó a dar su brazo a torcer durante todo el fin de semana a pesar de la petición de su «amiga» Robles. Su argumento para no renunciar fue doble: irse hubiera sido tanto como reconocer errores o negligencias (en el caso del espionaje a miembros del Gobierno central) o algún tipo de irregularidad (en el caso de los seguimientos a los independentistas). Y la funcionaria no contemplaba ninguno de los dos escenarios. «Ni fallos ni ilegalidades», apuntan desde La Casa.

La titular de Defensa insistió en que iba a salvaguardar la imagen de la directora saliente. Esa promesa desembocó ayer en la que quizás fue la comparecencia más difícil ( y surrealista) en la dilatada trayectoria política de Margarita Robles, empeñada en no hablar de destitución, cese o incluso de relevo, sino de «cambio» o «sustitución».

La ministra de Defensa, la otrora gran valedora de Paz Esteban, se vio obligada a anunciar la destitución de la directora del CNI al tiempo que fue incapaz durante su larga intervención tras el Consejo de Ministros de dar una sola razón por la que el Gobierno ha fulminado a la máxima responsable del espionaje español. Y es que, tal y como han revelado desde el entorno más cercano a Robles, es difícil explicar y hacer propia una «decisión que ni se entiende y, mucho menos, se comparte». Pero —reconocen estas mismas fuentes— era la titular de Defensa la que tenía que informar de este cese y de hacerlo en la forma que se había comprometido con Esteban y con los responsables del CNI. Robles no supo ayer poner un solo ‘pero’ a la gestión de Esteban, a la que ni siquiera responsabilizó directamente de la supuesta negligencia de que el contraespionaje tardara un año en detectar que los móviles de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y la propia Robles habían sido hackeados. Por supuesto, tampoco acusó a la exdirectora de incurrir en irregularidad alguna en el caso del espionaje a los independentistas.