PP, Vox y Cs ayudan a Sánchez a salvar la Ley de Seguridad Nacional en el Congreso

El Partido Popular, Vox y Cs ayudaron ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a salvar la Ley de Seguridad Nacional en el Congreso pero le avisaron de que «no es un cheque en blanco». ERC proponía un texto alternativo y Junts reclamaba la devolución del proyecto al Gobierno.

Pero el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y Junts contra el proyecto de ley. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, fue el encargado de defender la reforma legislativa ante el Pleno del Congreso y pidió el consenso de todos los partidos para mejorar los mecanismos que permitan hacer frente a crisis y emergencias, incorporando las «lecciones aprendidas» de la pandemia.

La modificación incorpora siete nuevos artículos a la Ley de Seguridad Nacional del año 2015 para regular la contribución de recursos en caso de crisis y crear una reserva estratégica que permita al Estado hacer frente a emergencias como la del Covid-19. «No se trata de contar con un instrumento por si llega otra crisis, sino para cuando llegue otra crisis que seguro que vendrá», avisó Bolaños.

Además, se adelantó a las críticas por invasión de competencias y ha reivindicado que la norma prevé la participación de las comunidades autónomas en todos los procesos. Lejos de haber «menoscabo» de competencias autonómicas, sostuvo que incluso «se refuerzan» en materia de contribución de recursos.

Estos argumentos no convencieron a ERC, que defendió su propia ley, ni a Junts, que pedía la devolución del proyecto. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, acusó al PSOE de «preparar el camino» para que un futuro Gobierno de PP y Vox pueda «rematar lo que queda en pie de libertades y derechos fundamentales».

Nogueras dijo que uno de los «principales» objetivos del Gobierno es «neutralizar y eliminar» el movimiento independentista. «Ustedes no nos están persiguiendo y espiando por lo que hacemos, nos están persiguiendo o espiando por lo que pensamos», reprochó.

PP, Vox y Ciudadanos no escatimaron en críticas al Gobierno. «Esto no es un cheque en blanco, cojan la mano del PP y negociemos artículo por artículo», avisó el diputado popular José Antonio Callejas.

Callejas criticó las atribuciones que la norma otorga al presidente del Gobierno y ha aprovechado además para reprochar al Ejecutivo la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, por «exigencia» de los independentistas.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith avisó al Gobierno de que no puede «ponerse en manos» de quienes «han demostrado la deslealtad más absoluta a los intereses del Estado».

El dirigente de Vox aprovechó para trasladar un mensaje a los partidos independentistas: «Cuando Vox llegue al Gobierno no les vamos a espiar, les vamos a investigar, aportaremos las pruebas necesarias a los jueces, les sentaremos en el banquillo y haremos todo lo necesario para ilegalizarles porque el Estado no tiene que soportar quintacolumnistas que dentro de las instituciones permanentemente quieren derogar la Constitución, vulnerar los derechos y libertades y destrozar la nación».

También el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez lamentó un debate de esta altura tras el «sainete» de las últimas semanas sobre seguridad nacional y el caso Pegasus. «¿Cree que alguien con mínimo sentido de Estado va a aprobar un proyecto de ley que pone en manos de los enemigos del Estado los secretos del Estado?», dijo.

Mientras, los socios de Pedro Sánchez mantienen en todo lo alto su ofensiva parlamentaria para que el Congreso indague en torno al ‘caso Pegasus’. Una semana después de que PSOE, PP, Vox y Cs vetaran la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje a dirigentes políticos, ahora Podemos y los independentistas vuelven a la carga con una nueva propuesta que amplía el marco. Buscan, en concreto, que la Cámara baja investigue la «vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado (...) a organismos al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados».

Dicho de otra forma, los promotores de la iniciativa pretenden una investigación general sobre lo que denominan «las cloacas del Estado». Lo hacen Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Compromís y BNG