Sánchez anuncia la reforma del CNI para su control y una nueva ley de secretos oficiales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer más medidas de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para intentar cerrar la crisis abierta por el espionaje político con el sistema Pegasus, pero ni esas iniciativas ni sus explicaciones han convencido al Govern ni a ERC.

Sánchez compareció ante el pleno del Congreso para aclarar ese espionaje a dirigentes independentistas, del que se desvinculó repetidamente y afirmó en todo momento que fue el CNI el que decidió el seguimiento previa autorización judicial. Ese aval judicial le llevó a afirmar que los servicios de inteligencia han actuado siempre dentro de la ley.

El presidente, que repitió en numerosas ocasiones durante su comparecencia la transparencia que demuestra en todo momento el Gobierno, defendió la actuación del CNI ante la situación que vivía Cataluña.

Sánchez se quedó solo en sus explicaciones en el Congreso sobre el espionaje, que no convencen a nadie con distinta modulación en la crítica. El presidente anunció la reforma de la ley del CNI para intensificar su control y una nueva ley de secretos oficiales, aunque en realidad lleva ya seis años encallada en la Cámara baja.

ERC no rompió la cuerda pero lejos de encauzar la crisis política, el pleno agudiza el deterioro de la legislatura mientras el PP exigió al presidente que explicara si el espionaje a su móvil compromete la seguridad nacional, Vox aprovechó la sesión para arremeter contra Sánchez pero también para lanzar una pulla contra «la derechita incauta» de Feijóo , Gabriel Rufián cargó contra el jefe del Ejecutivo y le inquirió «¿a qué ha venido usted hoy aquí?» a la vez que mantuvo un duro cruce de reproches con el presidente del grupo de Unidas Podemos, el también catalán Jaume Asens y EH Bildu y el PNV también censuraron al Gobierno pero con menos contundencia.

El jefe del Ejecutivo hizo dos anuncios: la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales (la actual data de 1968) y la reforma de la ley orgánica del control judicial del CNI.

Fuentes del Gobierno apuntan que la primera de esas iniciativas podría iniciar su tramitación antes del verano, pero la segunda se prevé que sea posterior al ser ley orgánica.

«Vamos a continuar trabajando para redoblar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro», reclacó Sánchez tras anunciar que la máxima responsable del CNI acudirá a dar cuentas anualmente al Congreso.

El presidente reconoció que la declaración de independencia y los sabotajes en Cataluña fueron una enorme fuente de preocupación para la seguridad nacional, y de ahí que se solicitara autorización para actuar y el juez acordara las medidas oportunas. Pero afirmó que las actuaciones de los servicios de inteligencia no están sometidos a una decisión discrecional del Gobierno en general ni de él en concreto, algo que ha asegurado que nunca pasará con él como presidente. Sí mostró su disposición a desclasificar «con la mayor celeridad» toda la información sobre el espionaje si lo solicita un juez.

Sánchez lamentó que este asunto haya afectado a la confianza con el Govern y con ERC, pero está dispuesto a volcarse para reconstruirla. Para ello está pendiente de fijarse la fecha de una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y un nuevo encuentro de la mesa de dialogo entre ambos administraciones que ha ofrecido que sea «cuanto antes».

Pero sus anuncios y ofrecimientos no convencieron a Aragonés, quien advirtió de que «las preguntas esenciales continúan sin respuesta» y, por ello, ha pedido «explicaciones claras y responsabilidades»

En esa línea, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, exigió a Sánchez que explique qué delito cometió Aragonès para ser espiado, y le ha reprochado que argumente un espionaje ilegal y abra puertas «peligrosas» contra la democracia.

«En un país donde la principal ley es la ley del silencio, no es un país, es una mafia (...) España huele a cerrado y es de un patriotismo tóxico que asusta», ha añadido, además de instar al Gobierno a dejar de «chantajear» a sus socios parlamentarios con leyes sociales.

También los portavoces de JxCat, PDeCat y la CUP tacahron de insuficientes las explicaciones de Sánchez y le reprocharon no asumir su responsabilidad, y EH Bildu y Más País cargaron contra el Ejecutivo por espiar a sus socios.