El elefante catalán sigue ahí años después del ‘procés’
Aragonès y el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró. QUIQUE GARCÍA
Cataluña no está en el 2017, pero su política tampoco es un remanso de paz gracias a la agenda del reencuentro, como suele presumir el Gobierno. La vuelta a la normalidad se hace esperar.
El independentismo, sumido en una guerra interna, no atraviesa su mejor momento. Está en cotas mínimas en las encuestas desde el inicio del ‘procés’, el rey viaja a Barcelona sin que se produzcan altercados, la selección española de fútbol regresa a Barcelona y no pasa nada y la Selección catalana juega con muy poco público en Girona. Aun así, Cataluña ha vuelto.
En realidad, el elefante sigue en la habitación, según apuntan fuentes independentistas. No por el ‘ho tornarem a fer’ del que amenazan casi a diario los más radicales, sino porque el conflicto político siempre ha estado ahí latente, pero con la pandemia había quedado apartado.
Cuando parecía que el ‘procés’ era un recuerdo ya lejano, el Supremo ha cambiado de criterio y amenaza con tumbar los indultos a los presos independentistas. En el Govern no se fían, aunque creen que las medidas de gracia no serán revocadas. Y avisan que las imágenes de Barcelona en llamas podrían repetirse. Mientras, se escucha a dirigentes nacionalistas pidiendo a otros que desobedezcan a los tribunales, en este caso a cuenta de la sentencia del TSJC que obliga al Govern a impartir el 25% de las clases en español.
La cuestión del catalán es una parte nuclear del conflicto político. Y al mismo tiempo, el caso Pegasus ha abierto una crisis profunda entre el Gobierno y ERC, que corre el riesgo de haber entrado en un punto de no retorno.
La legislatura española empezó con buena sintonía entre Sánchez y los republicanos y ahora entra en su fase final con las relaciones muy deterioradas. Están «rotas», afirman fuentes del Govern. En el independentismo creen que Sánchez, a quien tildan de «trilero», siempre ha intentado engañarles y ya han perdido toda la confianza.
El último ejemplo es la ley del audiovisual. Fuentes de ERC daban por hecho un día antes de la votación que no rechazarían la ley impulsada por el Gobierno, pero con los cambios de última hora y la aproximación a PP y Cs, los republicanos alegan que no tuvieron elección. Voto en contra, igual que con la reforma laboral y con las medidas anticrisis.
La ruptura no es absoluta, a pesar de que independentistas y comunes ven un cambio de rasante hacia la geometría variable en la política de pactos del Gobierno. Pere Aragonès se resiste a dar la mesa de diálogo por muerta. Quiere al menos agotar el plazo de dos años que fijó al inicio de su mandato en mayo de 2021. Enterrar la mesa le obligaría además a pasar a la siguiente fase, la de la búsqueda de vías alternativas para avanzar en la autodeterminación, lo que radicalizaría su discurso para abandonar la bandera del pragmatismo.
En el Govern aún tienen alguna esperanza de poder reactivar la mesa tras las elecciones andaluzas, aunque creen que Sánchez nunca ha mostrado interés por este foro. ERC está my centrada en la batalla municipal del año que viene y hasta entonces es poco probable cambios en su estrategia pragmática. Eso sí, a Aragonès le presionan desde el flanco más radical para que dé un volantazo hacia la unilateralidad. Se lo pide su socio de Junts y también la ANC, que propone convertir las próximas elecciones autonómicas en plebiscitarias y sitúa el horizonte de la secesión en 2025. Junts elige el próximo fin de semana nueva dirección, con Laura Borràs a la cabeza, y en el entorno de Aragonès ya temen que la tensión aumente.