Una juez cita como investigada a Plus Ultra para aclarar la ayuda del Gobierno

La compañía aérea Plus Ultra tendrá que comparecer en calidad de investigada como persona jurídica el próximo 15 de junio en un juzgado de Madrid. La decisión de la juez instructora Esperanza Collazos se produce para aclarar si se produjeron irregularidades en la concesión de la ayuda pública que recibió por 53 millones de euros.

La acusación popular en este procedimiento, ejercida por Vox, PP y Manos Limpias, había reclamado la comparecencia del representante legal de la aerolínea y la instructora ha aceptado su interrogatorio después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado, y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), presentaran sus conclusiones el pasado 29 de marzo.

Según indicaron fuentes jurídicas presentes en el careo entre peritos, los expertos mostraron sus sospechas de que parte de la subvención concedida por el Gobierno se destinaron a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA), una deuda con la sociedad estatal. Mientras que los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se pagó a un proveedor. Desde Plus Ultra confirmaron que durante el careo se abordó el pago a la petrolera. Indicaron que el equipo de peritos que asesoró a la Sepi aclaró que «la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones».