El Gobierno blinda la sanidad pública y sus centros y hospitales frente a privatizaciones
Suprime el copago de prótesis y sillas de ruedas a los más vulnerables La ley prohibe cobros por otros servicios sanitarios y blinda la gestión pública Garantiza la asistencia gratuita e inmediata a los emigrantes y sin papeles
Pedro Sánchez durante su intervención en la inauguración de la sexta edición del Digital Entreprise Show (DES 2022), un foro internacional sobre innovación y transformación digital, ayer, en el Palacio de Ferias de Málaga. CARLOS DÍAZ MARTÍN
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es la norma que persigue blindar los centros de salud y hospitales frente a privatizaciones directas o indirectas, que restringe los conciertos con la sanidad privada, que retira las últimas trabas burocráticas para que cualquier persona, nacional o extranjero, reciba atención en igualdad de condiciones que el resto, que suprime parte de los copagos que estableció el Ejecutivo del PP en 2012 y, sobre todo, que impedirá que se fijen nuevos cobros a los ciudadanos por prestaciones sanitarias, sean del tipo que sean y vivan donde vivan.
El proyecto, una vez se convierta en ley con su debate y aprobación por el Congreso y el Senado, eximirá del copago por los productos ortoprotésicos, como prótesis o sillas de ruedas, y por el uso del transporte sanitario no urgente a los españoles más vulnerables, los seis millones de ciudadanos a los que el 1 de enero de 2021 el Gobierno ya liberó de pagar por las medicinas que consumen, porcentaje que abonaban desde que así lo decidió el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La futura norma ya ha recibido las críticas de las patronales de la sanidad privada, que creen que convertirá a España en el primer país europeo que impide la contribución de los centros privados a la sostenibilidad del sistema. Ven en la norma un ataque directo a un sector que, dicen, absorbió el 30% de las hospitalizaciones durante la pandemia.
Sus lamentaciones son justo las contrarias a las de Unidas Podemos, que pese a su condición de socio gubernamental no ocultó que considera la ley insuficiente, porque entiende que no impedirá la privatización de servicios sanitarios.