Anticorrupción da carpetazo al contrato del hermano de Ayuso que rompió el PP
«No consta la participación» de la presidenta madrileña en la adjudicación a un amigo de la familia
La Fiscalía Anticorrupción archivó ayer las diligencias de investigación que abrió el pasado mes de febrero a raíz de las denuncias de PSOE, Más Madrid y Podemos sobre un posible tráfico de influencias en la compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid a una empresa regentada por un amigo del hermano de Isabel Díaz Ayuso, y que supuso el estallido de la crisis en el PP que se llevó por delante a Pablo Casado.
El anterior líder de los populares llegó a enfrentarse a la presidenta madrileña, a la que acusó de una conducta «no ejemplar» por la concesión del citado contrato de 250.000 mascarillas, por valor de 1,5 millones de euros, por el que Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión de 55.000 euros más IVA. Aquella acusación desató un cisma que motivó la salida de Casado en apenas una semana, tras perder el apoyo de los líderes territoriales y también de gran parte de su directiva.
El decreto notificado ayer por la Fiscalía concluye que «el análisis de la tramitación del contrato, de su objeto, precio y ejecución no permite concretar ilegalidad alguna, al menos en lo concerniente a las conductas incluidas en el perímetro de esta investigación».
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo así a los hechos investigados pero sin realizar «pronunciamiento alguno» sobre los «posibles delitos de malversación» de fondos europeos que investiga la Fiscalía Europea. Esta diligencia, que sigue abierta, se inició porque el citado contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia se pagó con fondos Feder provenientes de la Unión Europea.
«No ha habido corrupción»
En lo relativo a Anticorrupción, Luzón señala que la investigación practicada «no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el Semas —el Servicio Madrileño de Salud— o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet», administrada por Daniel Alcázar, amigo de la familia.
Tampoco consta, añade la Fiscalía, que el hermano de la presidenta madrileña «aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación, no era en absoluto necesario para presentar la oferta».
En lo que se refiere «a la facturación, el pago y el cobro de la comisión», el Ministerio Público califica «el procedimiento seguido de transparente». Y es así, añade, en tanto que Tomás Díaz Ayuso, «en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real». Después Priviet transfiere el importe a su cuenta «y ambos cumplen con sus correspondientes obligaciones tributarias».
En lo referido a Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía pone de relieve que «no consta intervención directa ni indirecta de la presidenta en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna».
Así, y en cuanto a una posible prohibición para contratar con Priviet por una situación de incompatibilidad, recuerda que «para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno».