Bildu se refuerza como socio del Gobierno al avalar la Ley de Memoria

El Gobierno ha desencallado uno de sus proyectos legislativos más simbólicos, el de la Ley de Memoria Democrática, y lo ha hecho, una vez más, gracias a EH Bildu. La coalición independentista ha anunciado que votará sí a la nueva norma tras haber conseguido cinco premisas que han sido detalladas por su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Su respaldo, sumado al del PNV, el PDeCAT y el puzle de grupos más pequeños, permite al Ejecutivo alcanzar la mayoría precisa para aprobar una de sus iniciativas ‘estrella’ después de la amenaza de parálisis. Y coronarla, además, sin contar con unos socios, ERC, que han dejado de serlo dado que las heridas abiertas por el caso Pegasus siguen sin suturarse pese a las invocaciones del presidente a retomar el diálogo.

Como viene ocurriendo a lo largo de la legislatura y con más intensidad en este período de sesiones, EH Bildu ha aprovechado el terreno de juego de que disponía para presentar su acuerdo con el Gobierno como una conquista de la coalición que encabeza Arnaldo Otegui. Aizpurua se ha congratulado de haber extendido el alcance legal de le ley hasta 1983, es decir, cinco años después de la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978. Esta enmienda da pie a la izquierda independentista vasca para perseverar, tras el final de ETA, en su relato histórico de cuestionamiento de la Transición y del régimen de derechos y libertades español, aunque, en realidad, el PSOE y Unidas Podemos ya habían presentado una precisión a su propio texto normativo para que la ley prolongara sus efectos hasta 1982 en atención al criterio de los historiadores, según adelantó hace unos meses el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Ese fue el año, aún bajo el temor al ruido de sables tras el frustrado intento de golpe de Estado, en el que Felipe González llegó al poder.

En paralelo, EH Bildu se atribuye la consolidación de que los tribunales franquistas fueron «ilegales e ilegítimos» —el nuevo articulado no tiene efectos penales retroactivos ni toca la Ley de Amnistía que sentó los cimientos para la reconciliación tras 40 años de dictadura— y arranca el compromiso de constituir una «comisión de ámbito estatal, carácter académico, temporal y no judicial e independiente» para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura». El objetivo es recopilar testimonios y documentación a fin de reconocer y resarcir en su caso, a partir de un análisis de «objetividad e imparcialidad», a las víctimas que sean identificadas como tales.