La Fiscalía abre una investigación para esclarecer la tragedia de Melilla

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha firmado este martes un decreto en el que encomienda a la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, la averiguación de las circunstancias de los hechos ocurridos el pasado viernes 24 de junio, cuando varias personas intentaron saltar la valla en la frontera de Melilla con Marruecos y al menos 23 personas fallecieron aplastadas por una avalancha y, según algunos testigos, por las pedradas de los gendarmes de Marruecos. Además, inmigrantes heridos estuviero horas agonizando sin recibir ayuda ni asistencia médica.

La decisión de Delgado de abrir una investigación se fundamenta en «la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los Derechos Humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación».

Ayer, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó a los gobiernos de España y Marruecos que lleven a cabo una investigación «efectiva» e «independiente» de lo ocurrido. Según ha dicho, están «profundamente preocupados».

Horas antes de que se diera a conocer la decisión de la Fiscalía española de abrir diligencias de investigación, Bachelet destacó que la tragedia ha registrado el «número más alto de muertes en un solo incidente» desde hace «mucho años» y ha denunciado la violencia con la que se empleó la Policía marroquí.

La alta comisionada de la ONU indicó que en el organismo han recibido denuncias de «migrantes golpeados con porras, patadas, empujados y atacados con piedras por funcionarios marroquíes cuando intentaban escalar la cerca de alambre de púas».

Así las cosas, hizo un llamamiento a Marruecos y a España para que «garanticen el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes en su frontera común y, en particular, que sus agentes fronterizos se abstengan de cualquier uso excesivo de la fuerza contra ello».

También la Unión Europea ha pedido «arrojar luz» y establecer los hechos sobre el salto a la valla de Melilla.

La medida adoptada por la Fiscalía General del Estado también tiene lugar después de que asociaciones de jueces y fiscales, como Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), reclamaran que se llevara a cabo una investigación sobre lo sucedido el pasado 24 de junio, que ambas calificaron como hechos de violación de Derechos Humanos.

Varias ONG de ayuda a migrantes exigieron a las autoridades españolas y marroquíes una investigación y reclamaron vías legales y seguras para las personas que buscan migrar, a la vez que solicitaron que no se devolviese a quienes sí lograron cruzar la frontera en la ciudad autónoma.

Marruecos subrayó la «extrema violencia» del salto a la valla de Melilla y aseguró que los migrantes eran dirigidos por «milicianos experimentados» que se infiltraron a través de la frontera con Argelia.

«La extrema violencia de los asaltantes y la estrategia del asalto denota un alto sentido de organización, una progresión planificada y una estructura jerárquica de líderes aguerridos y entrenados con perfiles de milicianos experimentados en zonas de conflicto», subrayaron fuentes de la Embajada marroquí en Madrid.