Bildu apoya la Ley de Memoria que amplía el franquismo hasta 1983
Este punto permitirá incluir como víctimas de violaciones a etarras hasta el gobierno de González
Patxi López departe con los integrantes del PP de la Mesa. JAVIER LÓPEZ
La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Memoria Democrática con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al ‘no’ del PP, Vox y Ciudadanos. Esquerra Republicana ha optado por la abstención porque ve avances tras los últimos cambios introducidos, pero le sigue pareciendo insuficiente.
Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en ‘la nevera’ al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo de ERC, que la considera insuficiente.
Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar el ámbito de aplicación hasta cinco años después de aprobada la Constitución. Eso permitirá reconocer como víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, lo que incluye a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada ‘guerra sucia’ contra ETA hasta el primer año de gobierno de Felipe González. En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».
Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que se reconoce.