El PP calienta el duelo con Sánchez al retarle a retirar su plan para el TC

Cien días después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP y en vísperas de que el Congreso acoja durante las próximas tres jornadas el Debate sobre el estado de la Nación, el principal partido de la oposición remitió ayer al Gobierno su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva más de tres años caducado.

Un documento de siete páginas con el que los populares tratan de desencallar la negociación con el PSOE y reforzar «la independencia judicial y la calidad democrática de España» con una serie de condiciones, todas «negociables» a excepción de una: que el Ejecutivo retire antes del jueves, cuando está prevista su votación en la Cámara baja, su proyecto de reforma legal exprés para cambiar la composición del Tribunal Constitucional.

Según el PP, la modificación por la vía de urgencia de la ley «compromete la imagen democrática de la nación» y poría acarrear «gravísimas sanciones» por parte de Europa. «Esa es una línea roja», fijó el vicepresidente de Institucional, Esteban González Pons. El Gobierno, sin embargo, se resiste a dar marcha atrás en su iniciativa y carga en que son los conservadores quienes han bloqueado la renovación. «La Constitución y su cumplimiento no es negociable», avisó, por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

En la dirección nacional del PP insisten en que, para retomar las conversaciones con los socialistas, Pedro Sánchez debe mostrar «sentido de Estado» negociando la renovación judicial con ellos, y no con Esquerra, que ya ha avanzado su apoyo a la contrarreforma que plantea el PSOE.

«No me entraría en la cabeza que el Gobierno albergue tal temeridad o tal imprudencia», advirtió Pons, que expresó el temor de los conservadores a que el respaldo lleve aparejada la posible «entrada» de los independentistas en el tribunal de garantías.

El pasado 13 de junio, el eurodiputado valenciano se comprometió a remitir un plan judicial a la Moncloa en el plazo de un mes con el que sentar las bases para la renovación del Poder Judicial. Sin embargo, el anuncio por parte del Gobierno de una contrarreforma judicial para renovar el Constitucional sin esperar a un acuerdo con el PP enturbió las negociaciones hasta el punto de que Génova acusó al PSOE de tratar de «romper los puentes» y no querer llegar a ningún acuerdo. Pero, lejos de tirar la toalla, los populares contraatacan ahora y ante una semana de alto voltaje parlamentario con una propuesta que consideran «muy aceptable». Y que, inciden, «está consensuada» con las principales asociaciones judiciales con las que se han reunido en estos tres meses.

Los conservadores se muestran, además, partidarios de que la renovación de los veinte vocales del CGPJ se produzca conforme a la ley actual si a cambio se avanza en un modelo que garantice que la participación de los jueces en sus órganos de gobierno sea efectiva. Un texto en el que no se pone negro sobre blanco ningún nombre. En Génova aducen que ante el actual «deterioro» que sufre la institución no basta con un simple intercambio de nombres, sino que la renovación ha de ser más profunda y fruto del «consenso» político entre los dos grandes partidos. De ahí que propongan que el nuevo consejo recién nombrado formule, en un plazo de seis meses, una propuesta de reforma del sistema de elección, la cual sería discutida después en la comisión de Justicia del Congreso.

«Que siempre se haya hecho mal no quiere decir que tengamos que seguir haciéndolo ahora», insisten en la cúpula del PP, enterrando así la propuesta abrazada por la anterior dirección de que al menos la mitad de vocales debían ser elegidos por sus compañeros.

SIN NOMBRES

El documento que los populares han remitido, además de a Moncloa, al presidente del CGPJ, al del Constitucional y a las asociaciones de jueces y fiscales, establece que la negociación de los nombres que deben integrar el órgano se haga entre los grupos parlamentarios del PSOE y del PP y que sean los propios vocales los que elijan a su presidente, «sin pactos previos». Plantean también que los nuevos vocales no hayan ocupado cargos «vinculados a la política» en los cinco años anteriores a su elección, una iniciativa que hacen extensible a la Fiscalía General del Estado y que habría dejado sin opciones a Dolores Delgado. Y añaden que todos los altos cargos de la carrera judicial pasen a ser nombrados por una mayoría de tres quintos para «evitar una ideologización absurda» en ningún órgano.