El presidente se reúne con Díaz para fortalecer la coalición
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido esta tarde con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en un encuentro que ha servido «para fortalecer la coalición», han señalado fuentes del Ejecutivo. Ha sido una reunión «muy positiva y fructífera», han asegurado las mismas fuentes, al advertir que el Ejecutivo es consciente de los «grandes retos de país» a los que se enfrenta y que por eso van a seguir trabajando «mano a mano, empezando por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado».
Este encuentro se produce justo después de que Sánchez asegurara ayer que su objetivo es mantener la coalición de gobierno hasta que acabe la legislatura, en diciembre de 2023, porque considera que sería un mensaje de estabilidad para el país y de entendimiento entre fuerzas de izquierda. No obstante, las discrepancias entre los dos socios han vuelto a hacerse hoy evidentes porque Unidas Podemos no está conforme con el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que aprueba hoy el Consejo de Ministros e incluso podría plantearse no apoyarla en la tramitación parlamentaria y descolgarse nuevamente de una ley del Gobierno de coalición.
Aparte, está pendiente también la reunión de la mesa de seguimiento del pacto de coalición de gobierno que solicitó la vicepresidenta segunda tras el choque por el aumento del gasto militar (un crédito extra de 1.000 millones de euros) el pasado 5 de julio
Nombramientos en el TC
Por otro lado, el Gobierno da por sentado que el Consejo General del Poder Judicial elegirá a los dos miembros del Tribunal Constitucional —que, según la Constitución, le corresponde designar cada nueve años— dentro del plazo establecido en su reciente y controvertida reforma legal, pero Pedro Sánchez advirtió ayer de que no está dispuesto a retener los nombramientos que dependen del Ejecutivo, y que en principio deberían realizarse a un tiempo. Es decir, que nombrará a sus dos magistrados en septiembre haga lo que haga el órgano de Gobierno de los jueces.
El asunto es complejo y puede provocar un choque institucional.