Interior solo ha indemnizado a un tercio de los afectados en los atentados de Cataluña

La atención a las víctimas de los atentados de Cataluña de agosto de 2017, de los que ahora se cumplen cinco años, no va a pasar a los manuales precisamente como un referente a seguir. España, a pesar de ser el país europeo con más larga trayectoria de acto terrorista y pese a que cuenta desde 1999 con legislación específica sobre la ayuda a los damnificados de esos ataques, ha dejado sin indemnizar a las dos terceras partes de las víctimas de los diferentes escenarios de los atentados de hace cinco años (las dos explosiones de Alcanar, las Ramblas, el degollamiento de Pau Pérez, el intento de robo de un vehículo por parte de Younes Abouyaaqoub y el tiroteo que acabó con la vida de este último). Según las propias estadísticas del Ministerio del Interior, de las 355 de las víctimas que figuran en la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2021 sobre aquellos hechos, solo 130 han obtenido «algún tipo de indemnización o ayuda». Es decir, solo el 36,6% de las personas que figuran en el fallo han recibido algún tipo de contraprestación o ayuda, aunque en principio todas ellas tenían que haber tenido derecho a ella. Siempre de acuerdo con los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, parte de la explicación de tan bajo porcentaje de víctimas indemnizadas se debe a que de esas 355 solo 216 solicitaron indemnización al Ministerio del Interior «en el plazo de un año previsto en el artículo 28 de la Ley 29/2011» (la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo).

84 víctimas desestimadas

Aun así, Interior admite que ha desestimado «por diferentes motivos» las solicitudes de 84 víctimas que sí que aparecían en la sentencia y que, por tanto, tenían judicialmente reconocida la condición de damnificados, lo que no ha sido óbice para que la Administración no les haya dado esa condición. Responsables del Ministerio del Interior insisten en que 139 de las «personas incluidas en el apartado de hechos probados» no han presentado ninguna solicitud en plazo de ayuda o indemnización. «El motivo por el cual no se ha solicitado ningún tipo de ayuda se desconoce, si bien una gran mayoría de estos afectados se corresponde con las personas que en el apartado de hechos probados de la sentencia referidos a las Ramblas figuran como que padecieron síndrome de estrés postraumático. Y el resto son en su gran mayoría afectados con lesiones y secuelas de carácter leve», apostillan desde Interior. El importe total de las indemnizaciones reconocidas por Interior por los atentados se eleva en la actualidad a 7.338.798,78 euros.

Las cifras que maneja Interior, sin embargo, no se corresponderían ni mucho menos con la envergadura real de los perjudicados, de acuerdo con los datos que maneja la principal organización no gubernamental que se está ocupando de la atención de la gran mayoría de las víctimas de los ataques de hace cinco años, la Unidad de Atención de Afectados del Terrorismo.

Medio millar

Según los estudios de Uavat, el porcentaje de víctimas de los ataques de Cataluña sería mucho mayor del que reconoce la Administración, ya que sus técnicos han localizado a al menos a 129 personas heridas en el sumario, que, sin embargo, no aparecen en la sentencia, por lo que el número real de damnificados en los ataques se acercaría al medio millar. «Lo que ha ocurrido en estos atentados es una auténtica vergüenza. Interior no ha hecho casi nada en estos cinco años por tratar de localizar a las víctimas. Se limitaron a abrir una oficina entre el 22 y 29 de agosto de 2017 en algún lugar de Barcelona que no publicitaron y luego se desentendieron», afirma Robert Manrique, asesor de la Uavat y víctima del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona. Manrique, además, recuerda que, dado los lugares vacacionales donde tuvieron lugar los atentados, hay víctimas de un total de 30 nacionalidades, con lo cual la situación de desconocimiento de la legislación española es aún mayor. «En estos cinco años Interior siempre ha insistido en que ellos no están para buscar a las víctimas y que son los damnificados los que tienen que ponerse en contacto, pero se olvidan por completo que la propia Ley 29/2011 es la que obliga a la Administración a ser proactiva en la atención», apunta Manrique. Se refiere en particular al artículo 11, que establece que «las Administraciones competentes establecerán, de forma coordinada los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que correspondan».