Sánchez insta a Feijóo a cumplir un pacto que cerró con el anterior PP para renovar el CGPJ
Génova acusa al presidente de «trilerismo» por «filtrar» un acuerdo sobre el Poder Judicial que nunca tuvo validez
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que haberse renovado en diciembre de 2018 para cumplir con el periodo de cinco años de vigencia que la Carta Magna establece para los miembros del órgano de los jueces. Desde entonces han transcurrido 1.351días sin que el PSOE y el PP hayan conseguido llegar a un entendimiento para desbloquear las negociaciones y sin visos tampoco de que éste se vaya a producir en lo que queda de legislatura. «No hay precedente en Europa ni en la historia de la democracia de un bloqueo como el que se está produciendo», aseveró ayer Pedro Sánchez durante su visita a La Palma.
El presidente del Gobierno volvió a hacer un llamamiento a la «responsabilidad y a la lealtad constitucional» del principal partido de la oposición para desbloquear el CGPJ e instó a la actual dirección, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, a cumplir con el acuerdo al que llegaron con el PP de Pablo Casado para reformar la ley del Poder Judicial y desbloquear después el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. «Le pido que cumpla con lo firmado, con la ley y con la Constitución, porque la Constitución —subrayó— hay que cumplirla del primero al último de los artículos, no los que te interesan».
Sánchez se refería así al documento que suscribieron en octubre de 2021 —y que ayer publicó ‘El País’—, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el que era entonces secretario general de los populares, Teodoro García Egea, por el que PSOE y PP se comprometían a presentar de forma conjunta una modificación para permitir los nombramientos del tribunal de garantías causado por el bloqueo del Poder Judicial. La misma reforma que el 20 de julio el Senado aprobaba, a propuesta de los socialistas y por la vía exprés, pese a las críticas y la oposición del PP.
El jefe del Ejecutivo invitó a los populares a aparcar su «actitud obstruccionista» y dejar de «decir no a todo» para acordar de una vez por todas la renovación del órgano de gobierno de los jueces, más si cabe cuando Bruselas reclama iniciar el proceso «con carácter prioritario» con vistas a adecuar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los «estándares europeos».
«El Gobierno le tiende la mano. Estamos dispuestos a renovar el Consejo General del Poder Judicial mañana mismo», dijo Sánchez.
La actual dirección del PP mantiene su disposición a renovar el órgano constitucional pero deja claro que «dependerá» de si el PSOE quiere avanzar hacia una mayor independencia judicial, como exige Europa. Sin embargo, se desvincula de los acuerdos alcanzados por la anterior cúpula y acusa al presidente de hacer «un ejercicio de trilerismo político» al «filtrar» un documento al que «el propio Gobierno en ningún momento le dio validez». En Génova no dudan de la existencia de ese documento, aunque aseguran haberlo conocido a través de los medios de comunicación y ven en su publicación «una intención maliciosa».
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, aseguró ayer que cuando los populares se sentaron a negociar con el PSOE tras la llegada de Feijóo a la presidencia del PP «nadie, absolutamente ningún miembro del Gobierno hizo referencia de ningún tipo a un documento anterior» sobre el Poder Judicial, tampoco en la entrevista que mantuvo el gallego con Sánchez en Moncloa. Es más, insistió en que las dos partes empezaron «con un folio en blanco». «Prefirió no dar validez alguna a ese documento que ahora son los diez mandamientos», ironizó el dirigente popular.
Desde Génova mantienen la «mano tendida» a Sánchez, pero recuerdan que el PP pidió al Gobierno retirar la enmienda parcial que devolvía competencias al CGPJ para poder nombrar a dos vocales en el Constitucional en septiembre a cambio de sentarse a negociar y el Ejecutivo se mantuvo inamovible. Los de Feijóo son partidarios de devolver esas competencias al órgano de los jueces, pero no sólo las que dice el acuerdo suscrito entre Bolaños y García Egea sino todas las que el Gobierno le retiró en una proposición de ley que sacó adelante en el Congreso con los votos de Unidas Podemos y los partidos independentistas.