Diaz quiere que el tope del precio de los alimentos incluya huevos, pescado y carne

La propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para embarcar a las distribuidoras en un acuerdo que limite el precio de alimentos básicos ha abierto una grieta cada vez más visible en el Gobierno. El Ministerio de Economía, que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, dejó clara ayer su disconformidad con el fondo de la iniciativa. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó las formas de la también ministra de Trabajo, a la que acusó de invadir competencias de otros ministerios, en concreto, del de Agricultura, pilotado por el socialista Luis Planas e intentar «patriomonializar» el apoyo a los vulnerables.

Díaz, que ayer se reunió ya con el director ejecutivo de Carrefour, Alexandre de Palmas, para tratar de implementar su plan, dio a entender en una comparecencia junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón (IU), que la apuesta cuenta con el visto bueno del jefe del Ejecutivo. Y lo cierto es que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, también afirmó que la idea «es bienvenida» si lo que pretende no es imponer precios sino incentivar un acuerdo.

En Economía, sin embargo, sostienen que hay que dejar funcionar a la libre competencia y que lo importante es que los márgenes de las empresas se mantengan estables y no haya abusos. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, también puso en duda que pactar precios con determinados mayoristas e intermediarios sea buena idea y argumentó que cuando se hizo en Francia, hace casi una década, no funcionó demasiado bien.

IMPACTO SOBRE EL PEQUEÑO COMERCIO

Su principal pega atañe al impacto que una medida de esa naturaleza puede tener sobre el pequeño comercio, para el que ya resulta difícil competir con las grandes superficies.

Estas reticencias se suman a las que el lunes expresó el propio Planas. El ministro de Agricultura adujo que fijar precios no ayudaría «ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena».

Tanto Díaz como Garzón hicieron ayer hincapié, en todo caso, en que no pretenden intervenir en las ofertas comerciales de empresas privadas sino pedirles que consideren «contribuir con nuestro país» en un contexto de elevadísima inflación que afecta al poder adquisitivo de las familias, y que lo hagan a costa de sus márgenes de beneficio. El lunes está previsto que ambos se reúnan con otras grandes distribuidoras.

La propuesta que los ministros del ala morada del Ejecutivo pusieron sobre la mesa a la multinacional francesa —que ya ha anunciado su intención de crear una cesta de 30 alimentos básicos a 30 euros— es que se cree una cesta con precios limitados o congelados que incluya alimentos frescos y saludables como huevos, pescado, carne y hortalizas. Una cesta cuyo contenido, además, debería ir variando cada semana y ofrecer opciones para celiacos. Su intención es que la iniciativa se mantenga hasta después de las Navidades.

La vicepresidenta segunda no se resistió, en cualquier caso, a responder a las críticas de la ministra Robles que a lo largo de esta legislatura se ha caracterizado por ser el miembro del Gobierno con menos pelos en la lengua a la hora de evidenciar sus discrepancias con los socios minoritarios de la coalición. Frente al reproche de que, formando parte de un «órgano colegiado» como es el Consejo de Ministros, se lanzara a plantear unilateralmente una propuesta que afecta a competencias ajenas, Díaz respondió tajante: «El bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno de España». En su entorno recuerdan que además de Trabajo también tiene entre sus atribuciones la «economía social», como indica el nombre de su ministerio.

En el PSOE aun así tienen claro que el movimiento de Díaz está muy relacionado con un interés en marcar perfil propio como candidata electoral en paralelo a la gira por España de su proyecto Sumar. No es baladí que ni siquiera Podemos conociera la propuesta antes de que la anunciara en ‘eldiario.es’.