El Gobierno recurre ahora al impuesto a los ricos de Podemos para dar la batalla al PP

En cuatro meses las cosas han cambiado mucho. El pasado 7 de junio, el PSOE rechazó en el Congreso una proposición de ley de Unidas Podemos que perseguía crear un impuesto estatal para las grandes fortunas, complementario al de Patrimonio. Fue doce días antes de las elecciones andaluzas y de un batacazo en las urnas que llevó a Pedro Sánchez a reconsiderar su estrategia, dar un volantazo a la izquierda y enarbolar, con un discurso rotundo, la bandera contra los poderes económicos. Ahora, volcado en la confrontación ideológica con el PP, ese mismo tributo que los socialistas consideraban de «dudosa eficacia recaudatoria» es para el Gobierno una medida digna de ser tenida en cuenta.

Los socialistas entienden que decisiones como la del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que el lunes anunció la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio para atraer a su territorio empresas catalanas, les sirven para abonar, a ocho meses de las autómicas y municipales, su mensaje de que el principal partido de la oposición solo gobierna para los ricos. «Es una medida que beneficia al 0,2% de los andaluces y con la que se sacrifican 120 millones de euros para Sanidad, Educación, dependencia...» insisten. Pero ese discurso tiene el problema de que sus propios socios estaban ya instando a hacer algo para evitar una competencia fiscal a la baja entre autonomías.

El Ejecutivo podría evitar esa carrera, de efectos a su juicio desastrosos para el estado del bienestar, con una armonización del que fije límites mínimos al Impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas. Pero, a pesar de que se comprometió a ello hace dos años, durante la negociación presupuestaria con Esquerra, y de que se trata de una recomendación de los expertos consultados por el Gobierno para la elaboración de la reforma fiscal, es una alternativa que no está en sus planes inmediatos. En parte, por dificultades técnicas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió este miércoles, en los pasillos del Congreso, en que «la capacidad de discutir sobre las figuras tributarias del sistema de financiación autonómica tiene que estar en el marco del sistema de financiación autonómica». Es decir, supeditó cualquier modificación de impuestos como el de Patrimonio o Sucesiones, otro de los mencionados por los expertos, a los acuerdos de una negociación que se eterniza ya desde hace más de diez años y que, según ella misma admitió, difícilmente va a poder desatascarse en esta legislatura. Pero, acto seguido, matizó que hay otras cosas que se pueden hacer. «El Gobierno en lo que está trabajando en un momento de dificultad como el que estamos viviendo es en pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo. Lo hemos hecho con las energéticas, lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas», apuntó. «Hay que pedir en este momento una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratuito, los 200 euros a las rentas por debajo de 14.000 euros, seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, tener la capacidad de dar una beca a los alumnos que tienen más de 16 años», insistió en un repaso a buena parte de las medidas aprobadas en los últimos meses.

Precisamente, los dos gravámenes, a las energéticas y a la banca, de los que ahora presumen en el PSOE fueron también iniciativas de sus socios de coalición que solo lograron abrirse camino tras la debacle andaluza. Tipo máximo del 5% El impuesto a los ricos, cuya defensa recuperó también este miércoles el portavoz de Podemos.